El oficialismo retomó ayer la presión contra los trabajadores del sector público para sumar los votantes que se abstuvieron en la elección de asamblea nacional constituyente del domingo, alertó Marcela León, dirigente de Alianza Sindical Independiente. “Las direcciones de recursos humanos obligan al personal que no votó a manifestar su arrepentimiento o adhesión ante el Consejo Nacional Electoral para que agregue su voto a las cifras de los resultados de la constituyente”, denunció.

La representante de ASI explicó que los trabajadores del Consejo de la Judicatura fueron llamados por la División de Talento Humano, la cual los instruyó a redactar y firmar una carta de exposición de motivos en la que expresen que no votaron porque no pudieron llegar a los centros de votación, debido a las guarimbas, sabotajes y otros actos violentos de la oposición.

Agregó que en la Lotería del Táchira entregaron la comunicación con la exposición de motivos ya redactada al personal para que la firmen. “Lo más grave es que en la carta queda plasmado el consentimiento del trabajador de que la misma sea enviada al CNE para sumar ese voto a la constituyente. Eso es un delito electoral a todas luces”, expresó León.

La dirigente entregó un ejemplar de la comunicación que le hicieron llegar los trabajadores de la lotería, cuyo texto señala: “Acudo ante su competente autoridad para manifestar mi voluntad de reconocer y legitimar la asamblea nacional constituyente elegida el 30 de julio de 2017”, además de “que mi manifestación de voluntad (…) sea considerada como un voto más en las cifras y estadísticas del proceso electoral del 30 de julio próximo”.

La carta insta al trabajador a adherirse “a la elección hecha por la mayoría del constituyente territorial del municipio y del constituyente sectorial que me correspondía”. Otro párrafo refiere que el trabajador solicita “que se investigue y sancione a los responsables” que impidieron su llegada al centro de votación.

A juicio de la sindicalista, con este mecanismo el gobierno busca por todos los medios incorporar a los resultados de la constituyente 3,1 millones de 3,5 millones de votos de los funcionarios y obreros del Estado que no logró captar para la elección del domingo porque 90% de los trabajadores se abstuvo.

Recordó que el gobierno se valió el año pasado de un mecanismo similar para que, bajo amenaza de despido, los empleados públicos retiraran su firma de la solicitud ante el CNE de apoyo al referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En este contexto, León considera que si los trabajadores no firman la carta de adhesión del voto a la constituyente también serán objeto de despido como represalia.

Empleados públicos que solicitaron no mencionar sus nombres alegaron que no fueron a votar y que se arriesgan a ser despedidos porque se cansaron de las amenazas y atropellos en los centros de trabajo. “No quería formar parte del fraude constituyente que esconde la brutal represión del gobierno contra el pueblo”, aseveró una funcionaria.

Otro trabajador dijo: “No me arrepiento de no haber votado. Es falso que la constituyente va a solucionar los problemas del país; si no lo hicieron los últimos dos años menos lo van a hacer ahora”.

Empleados del Metro de Caracas indicaron que el mismo domingo comenzó la amenaza de sanciones por no ir a votar a través del mensaje enviado por el presidente del sindicato de la empresa y candidato a la constituyente obrera, Edison Alvarado, quien reclamaba que solo habían votado 300 de los 11.000 trabajadores de la compañía de transporte masivo de pasajeros.

Actualidad Laboral / Con información de El Nacional