El Observatorio de Conflictividad Laboral y Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) registró 1.029 conflictos laborales durante 2019 en Venezuela. Principalmente fueron protagonizados por trabajadores del sector salud y de las empresas básicas, quienes entre otras exigencias reclamaron mejoras salariales y condiciones de trabajo óptimas.
Los trabajadores señalan que no pueden cubrir sus necesidades básicas con los salarios que devengan actualmente. Y trabajadores de distintos sectores han reclamado por las pésimas condiciones en las cuales se encuentran colegios, hospitales, empresas básicas, que también dificultan el desempeño de sus labores.
Los reiterados apagones nacionales ocurridos durante el mes de marzo de 2019 son el reflejo de una crisis de servicios básicos que afecta no solo a los trabajadores, sino a la sociedad en general.
El sector educativo se ha visto mermado por la deserción escolar, la renuncia de docentes y las precarias condiciones de infraestructura en las cuales se encuentran las escuelas y los liceos venezolanos. 60% de la población estudiantil se ha ido, según palabras de la diputada Bolivia Suárez, quien preside la subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional. Los docentes han convocado a 68 paros, cuatro de estos a nivel nacional, para reclamar sobre su situación, la cual consideran insostenible.
La libertad sindical también se ha visto seriamente afectada. El caso de Rubén González, dirigente sindical de CVG Ferrominera del Orinoco, a quien le fue injusta e irregularmente dictada sentencia de condena de cinco años y nueve meses de prisión, por liderar protestas laborales, resultó emblemático durante 2019 como un grave atropello a tal derecho laboral.
Respecto a los conflictos laborales de 2018, durante 2019 se mantuvieron la toma de calles (13%), las huelgas (35%) y las denuncias (35%) como los principales medios empleados por los trabajadores para mostrar su descontento por bajos salarios (43%), condiciones de trabajo (24%), acoso laboral (7%).
La mayor participación en los reclamos fue de los trabajadores de Distrito Capital (27%) y los estados Bolívar (18%) y Lara (10%).
Esto fue constatado por la Comisión de Encuesta establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para examinar una queja presentada contra el gobierno de Venezuela, en un histórico informe adoptado durante 2019. En este se señala que existen prácticas que atentan contra los derechos de trabajadores y empleadores, y se pide “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro”.
Además, en el informe se exhorta a “la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”.
Actualidad Laboral / Nota de Prensa
