Un promedio de cinco sindicalistas asesinados por mes, reseña el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Conflictove.org.ve en su balance de la violencia en el entorno laboral-sindical durante 2013.
En este período se registraron 59 asesinatos de trabajadores o sindicalistas, principalmente en el sector de la construcción (83% de los asesinados). De ese total 12 se produjeron en el estado Bolívar, lo que lo cataloga como el más violento del país seguido por Miranda y Guárico con 9 cada uno.
El informe señala que el incremento de la violencia se enmarca en un contexto de suma conflictividad laboral y destaca que el 41% de las protestas reportadas en 2013 fueron por exigencias laborales. Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor riesgo para defensores de derechos laborales y trabajadores.
Indican también que el sicariato es la práctica más recurrente en los asesinatos de trabajadores o dirigentes sindicales y la impunidad es una característica clave de la situación de la violencia laboral sindical venezolana, pues no se observaron avances en las investigaciones de los crímenes ocurridos en este período. Tampoco hay reportes oficiales sobre la violencia en el contexto laboral sindical durante este período.
Las principales causas por las que se potencia la violencia en el sector construcción son el paralelismo sindical y la venta de cupos de empleo. En este sentido, destacan los niveles de agresividad y violencia con que son perpetrados los crímenes. En muchos casos las víctimas son acribilladas con más de 5 disparos.
En el documento se reseña la presencia de civiles armados en espacios laborales, principalmente en el sector construcción, a pesar de las medidas legales expuestas en la Gaceta Oficial Nº 39.928 sobre el control de armas, municiones y desarme. Según la ley, queda totalmente prohibida la tenencia de armas de fuego en los lugares donde se llevan a cabo construcciones tanto por empresas privadas como públicas.
Dicen las ONG que “aunque no se puede decir que estas muertes obedecen a una política de Estado, sí podemos afirmar que los responsables de ellas actúan con total impunidad, situación que viene repitiéndose –y en ascenso- en Venezuela en los últimos años”.
Finalizan exponiendo su preocupación al ver cómo ha continuado la permisividad de las autoridades con algunos grupos que en los centros de trabajo llevan a cabo actividades reñidas con la ley. En muchos casos las muertes de sindicalistas o trabajadores son consecuencia de acciones delictivas de estos grupos y no guardan relación con las luchas sindicales.
