La pandemia del COVID-19 pone crudamente de manifiesto las desigualdades sociales y económicas, tanto a la hora de contraer el virus, como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas.
Algunos grupos, como los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y las mujeres, que predominan en el sector público, están especialmente en riesgo.
El alto nivel de pobreza e informalidad, y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus.
Las respuestas deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad.
Todos en situación de riesgo
Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, muchos otros no tienen esa ventaja pues ya están en situación de desigualdad.
A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) trabajan en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchas de estas personas viven en viviendas abarrotadas y en ocasiones carecen de suministro público de agua.
Ello no solo pone en peligro su salud, también reduce la eficacia de las medidas de prevención destinadas a la población en general.
La enfermedad como factor de mayor pobreza
Las desigualdades también se manifiestan de forma dramática si se contrae el virus.
Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario, pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud.
Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia de gastos de salud desmesurados.
El dilema de “trabajar o perder los ingresos”
Los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas de envergadura para preservar los puestos de trabajo y las empresas, y a proporcionar a los trabajadores ayuda a los ingresos.
Desafortunadamente, no todos los trabajadores o las empresas se benefician de estas medidas.
Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo.
Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80 por ciento de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas.
Los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, los trabajadores temporales, o los trabajadores con un contrato de trabajo de corta duración y en la economía digital de ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos.
Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad económica en la que ya se encuentran.
Se necesitan respuestas de política justas e inclusivas
La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección de las familias de bajos ingresos. Así, las medidas de ayuda a los ingresos deberían ser suficientemente amplias para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean.
Valga el ejemplo de Italia, que hizo extensiva la ayuda a los ingresos (80 por ciento del salario bruto) a los trabajadores de empresas con dificultades financieras, a todos los sectores de la economía y a las empresas con menos de 15 empleados, que normalmente no tienen derecho a ella. Además, se está pagando una compensación única a los trabajadores independientes y a los colaboradores externos.
España está proporcionando ayuda a los ingresos a los trabajadores autónomos, los socios de cooperativas y los trabajadores cuyo empleo ha quedado suspendido temporalmente, incluso si no les correspondía percibir una prestación de desempleo.
En los países en desarrollo, la informalidad y el espacio fiscal limitado se añaden a las dificultades. Sin embargo, la ayuda a los ingresos podría ampliarse mediante un plan de seguridad social no contributivo o con los programas de ayudas de efectivo vigentes. También podría prestarse asistencia temporal a las empresas informales.
Actualidad Laboral / Con información de OIT / Patrick Belser
