El Congreso peruano derogó una antigua ley de promoción agraria y trabajadores que demandaban esa medida anunciaron que pondrán fin a una protesta de cinco días con bloqueos de carreteras que dejó un muerto.
Con 114 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, el Congreso unicameral derogó la norma que otorgaba beneficios tributarios a empresas exportadoras, pero también permitía el recorte derechos laborales y la operación de firmas que tercerizan el empleo, según los trabajadores en protesta.
La ley vigente desde hace dos décadas había sido prorrogada 10 años más por el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
Tras la votación, cientos de manifestantes que salieron el viernes a marchar en Lima hasta el Parlamento nacional en apoyo a los agricultores, saludaron la eliminación de norma.
Y en las regiones agrícolas de Ica, al sur del país; y de La Libertad, por el norte, los trabajadores del campo celebraron la decisión y dijeron que levantarán su protesta que comenzó el lunes y que había dejado varado en las vías a cientos de buses de pasajeros y camiones cargados de alimentos.
Imágenes de televisión mostraron el paso de los primeros vehículos que habían estado retenidos en ambas regiones.
El Gobierno del presidente interino envió más temprano al Congreso un proyecto alternativo que planteaba cambios en el régimen laboral de la ley agraria, pero no la eliminación total de la norma. Pero la propuesta no fue tomada en cuenta.
Después del sector minero, la agroexportación se ha convertido en los últimos años en el segundo generador de divisas en Perú, el primer exportador mundial de arándanos y con productos en auge como la uva, el aguacate y los espárragos.
En tanto, una protesta trabajadores mineros, que se había sumado el viernes a los conflictos sociales que encara Sagasti, mantenía bloqueada otra vía de acceso a Lima desde el centro del país, que básicamente abastece de alimentos a la capital.
Desde la madrugada, cientos de trabajadores de la metalúrgica Doe Run ubicada en la localidad andina La Oroya arrojaron piedras a la vía exigiendo al Gobierno la entrega de la gestión del complejo minero, parada por deudas y no completar un plan de modernización desde hace más de una década.
“Queremos que nos den la administración de la empresa tras el fracaso del Gobierno y su comité de liquidación de vender el complejo a un nuevo operador”, dijo a Reuters por teléfono el líder del sindicato de trabajadores de La Oroya, Luis Castillo.
Perú vivió en noviembre varios días de intensas protestas que dejaron dos muertos y decenas de heridos, en rechazo a la destitución del popular expresidente Martín Vizcarra. Su sucesor, Manuel Merino, renunció poco después presionado por una de las mayores movilizaciones en los últimos años.
Actualidad Laboral / Con información de Reuters
