Demandar la nulidad de la Resolución 9.855 del Ministerio del Trabajo, que creó el Régimen Laboral Transitorio, solicitó la Fundación por los Derechos Humanos (Fundahumanos) a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Esto por ser parte del Poder Ciudadano y que le corresponde “velar por la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado”, señala la nota de prensa.

La defensora de derechos laborales de esta organización, Esperanza Hermida, señaló que “cuando un ciudadano u organización de la sociedad civil acude al TSJ, exigiendo justicia frente a una acto del Estado, se declara sin lugar sus demandas o no se pronuncia sobre su petición, dejando a la población en estad de indefensión frente al poder omnímodo de las autoridades del Ejecutivo Nacional”. Fundahumanos ha advertido que esta disposición sobre el préstamo de personal entre empresas del sector público y privado, representa una “imposición del trabajo forzoso en Venezuela”.

A juicio de Hermida, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, “se colocó al lado del Ministro del Trabajo, solidariamente, convalidando la Resolución 9.855. Eso se traduce en una causal de inhibición para este funcionario”. Así mismo, esta ONG reiteró que acompaña las denuncias de las organizaciones sindicales sobre esta medida que “viola la libertad de trabajo” prevista en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y en los convenios internacionales suscritos por la República.

Actualidad Laboral / ASS