La expresión “producir a pérdida” ha sido utilizada por el empresariado nacional para advertir al gobierno actual (el de Hugo Chávez ahora continuado por Nicolás Maduro) que las empresas requieren una estructura de costos acorde con sus sistemas de producción (en ocasiones sumamente complejos) y también con miras a su expansión y crecimiento y no apuntando a su simple funcionamiento mínimo.
Producir significa agregar valor, ampliar la valía de algo, prestar un servicio útil, generar o mejorar un bien necesario. Significa también investigación, innovación y crecimiento. Significa mantenimiento y mejora de los estándares de calidad, significa progreso.
Si se mira la producción desde el punto de vista del valor agregado y no en la simple distribución de un valor finito “producir” y “pérdida” deberían ser incompatibles. Cuando la productividad es pensada como multiplicador es posible generar negocios y empresas en el que todos, incluyendo al consumidor y al Estado, resulten beneficiados.
El gobierno por su parte, empeñado en la defensa del consumidor y sin esconder su alergia a todo aspecto relacionado con la productividad, insistió en el aspecto de los controles y los precios justos, es decir, en una preocupación muy parcializada (solo mira una parcialidad) sobre cuánto se debe pagar por un bien o servicio.
El gobierno bautizó su forma de ver el asunto como la “producción social”, que no es más que una “producción” muy básica y a bajo costo para evitar un impacto en los precios y evidentemente para apuntalar el control político. El gobierno prefiere que la empresa se sacrifique por los consumidores a que ocurra lo contrario.
Pero la sociedad no es así de simple. Los consumidores son también trabajadores y los trabajadores son también consumidores por lo que no es posible atacar al empresariado sin perjudicar al consumidor. Al final hemos resultado todos perjudicados y no hay ganador.
Con el paso del tiempo resultó entonces que las abstractas advertencias que se hicieron sobre esta visión del hecho productivo están perjudicando ya de forma diaria y directa a los trabajadores – consumidores del país. Dicho de otro modo y al reducirse dramáticamente la fuente de los subsidios (y del control político), las contradicciones a las que las empresas estaban sometidas estallaron en el mercado y, lejos de protegerlos, las medidas y controles del gobierno han dejado a la deriva al consumidor final.
Y es que ya son los trabajadores “de a pie” y no solo las empresas los que hoy trabajan a pérdida. En primer lugar la moneda es inestable y carece de respaldo real, haciendo que el trabajo como forma válida de procura del bienestar pierda sentido. Luego las asimetrías del mercado generan distorsiones (algunas de ellas ilegales) tales como reventa de divisas, bachaqueo o contrabando, que alejan todo incentivo al estudio y al trabajo. Categorías como el ahorro y la planificación financiera pasaron al campo de la ciencia ficción en la Venezuela de hoy, tanto para empresarios como para los trabajadores. Lo mismo sucede con el entretenimiento, viajes, vacaciones o cambios más estructurales (vivienda o vehículos).
Si tiempo es dinero vale también mencionar las dificultades para acceder a los productos básicos, los cuales consumen mucho tiempo “productivo” y generan por supuesto mayor inflación (porque superpone una capa informal de distribución por una parte y porque hay menos oferta en el mercado). También es dramática la situación general de acceso a medicinas y repuestos: el trabajador pierde cuantiosas horas en desplazarse, al trabajador no se le puede dañar su nevera o su vehículo porque difícilmente conseguirá los repuestos o podrá costear su reparación y lo propio sucede en la consecución de medicamentos para ellos o sus familias.
Las cifras de empleo son buenas según el gobierno, pero la crisis económica no se instala porque no haya trabajo sino porque el mismo es precario e improductivo. Hoy se trabaja sí, pero se trabaja a pérdida.
Rafael Ignacio Suárez / Sociólogo
@nacho_suarez