La justicia ecuatoriana dispuso el martes la prohibición de salida del país para el vicepresidente Jorge Glas, prisión para otros siete involucrados y mantuvo sin medidas cautelares a cuatro extranjeros que actúan como delatores en el proceso penal por lavado de activos en torno a la millonaria red de corrupción tejida por Odebrecht.

Con esta decisión del juez que lleva la causa, Miguel Jurado, se abre un plazo de 30 días durante el cual los 11 involucrados podrían presentar pruebas que demuestren su inocencia. De ser necesario, serían enjuiciados penalmente.

Glas, que no estuvo presente en la Corte, es el funcionario público de mayor cargo en Ecuador que hasta ahora ha sido ligado a los escándalos de la compañía brasileña. Odebrecht ha reconocido la entrega de coimas por 33.5 millones de dólares a funcionarios estatales a cambio de obras públicas. Esa empresa también entregó sobornos en otros nueve países americanos y dos africanos.

Para el excontralor Carlos Pólit, que en junio renunció a su cargo y se encuentra prófugo en Estados Unidos, el magistrado ordenó arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico. Para el resto de ecuatorianos, prisión preventiva.

Sobre el vicepresidente, que ocupó el mismo cargo de 2013 a 2017 junto al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), hay denuncias y sospechas de corrupción hace dos años. La situación ocasionó la ruptura de relaciones con el actual presidente Lenín Moreno en agosto, luego de que se publicaran audios de un delator de Odebrecht en los que presuntamente se le vinculaba con actos ilícitos.

De inmediato, el primer mandatario le quitó todas las funciones y desde entonces el vicepresidente no cumple ninguna actividad de gobierno.

La trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador provocó la renuncia de Pólit, mientras que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, un tío del vicepresidente Glas y exgerentes de la empresa estatal Petroecuador fueron detenidos, entre otros procesados.

La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados. El gobierno de Correa impulsó proyectos por alrededor de 1.600 millones de dólares con Odebrecht.

Actualidad Laboral / Con información de AP