Reducir impuestos a las empresas que importen productos de primera necesidad, es una de las medidas que debe tomar el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a juicio del comisionado presidencial para el Sistema de Empresas Ocupadas, Recuperadas y Nacionalizadas, Juan Arias. “Estamos pidiendo que en la nacionalización de la mercancía se revisen los códigos arancelarios, porque se pecha por igual productos que son de primera necesidad y otros que no lo son (…) eso generaría una disminución en los costos de producción de la cesta básica”. Estima que podría ser hasta un máximo de 5%.

Así mismo advierte que “el contrabando y la especulación tienen que ver con que existe un diferencial de precios muy grande, entre el precio a nivel nacional y los países vecinos”. Aunque reconoce que en época preelectoral “no es nada fácil” tomar este tipo de decisiones, y que ésta no es parte de las áreas que le fueron asignadas, señala que los productores nacionales deben tener “suficientes incentivos para invertir”.

En cuanto a la asignación de divisas, Arias considera que la respuesta a las solicitudes para la importación de materia prima de medicamentos o alimentos básicos debe ser “muy ágil”, no debería superar las 2 semanas. Y en los puertos, estos rubros también deberían tener un trato diferenciado.

Otro caso es el problema de cobranza, para ellos pedirá al mandatario nacional que exhorte al sistema bancario nacional a adoptar un mecanismo llamado factory. Y no es otra cosa que los bancos ofrezcan este instrumento a las empresas que tienen el capital comprometido, a la espera de pagos, y no pueden producir. Las instituciones financieras comprarían la deuda, y se encargarían de cobrar, con su respectiva comisión.

“Tenemos que vencer los cuellos de botella para que podamos incrementar la productividad”, dijo el comisionado presidencial, sobre el de déficit de empaques o fallas en el transporte, entre otros inconvenientes asociados a la producción en general, pública y privada.

Empresas expropiadas

Para el diagnóstico inicial fueron evaluadas 300 empresas, pero cree que podrían llegar hasta 500. Estas son las que el Estado ordenó la ocupación, rescate y luego fueron expropiadas, algunas todavía están en el proceso.

“Estamos pidiendo la racionalización de las inversiones”, explica Arias, pero no descarta que algunas se fusionen o cambien de actividad. Otro puede ser el caso de que genere pérdidas, pero continuaría operando con el subsidio del Estado, “por el encadenamiento productivo”. Es decir, que atienda las necesidades de otra empresa que sí genera dividendos.




Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas