A través de su cuenta twitter la organización defensora de los derechos humanos Provea (@_Provea) difundió testimonios de ciudadanos que son obligados a votar en la elección de la asamblea nacional constituyente.

En las denuncias citadas, personas anónimas de entes públicos como Corpoelec, Seguros La Previsora, el Metro de Caracas, el Ministerio de Banca y Finanzas, El Banco Bicentenario, PDVSA y el IVIC, entre otros, narran las medidas que toman sus directivos contra ellos.

"Solicitaron datos de familiares y amigos que puedan contactar para ubicarnos el 30 de julio”, indicó un ciudadano del Ministerio de Banca y Finanzas.

Otras declaraciones señalan que hay amenazas de despido al personal y que el carnet de la patria es usado como método para identificarlos.

"Jueces civiles deben remitir listado de funcionarios que tengan carnet de la patria", agregó una fuente del Poder Judicial.