La reforma al sistema de seguridad social, propuesta por el Gobierno brasileño, introducirá contribuciones individuales a los fondos privados para garantizar las pensiones futuras y ayudar a impulsar al crecimiento económico, dijo el miércoles el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni. La inclusión de un “sistema de capitalización” en una propuesta que se enviará al Congreso en febrero, impulsará los ahorros internos y estimulará el crecimiento en al menos un 3% al año, aseguró Lorenzoni.
Este sistema tendría fondos de pensiones privados alimentados por contribuciones individuales definidas que eventualmente, reemplazarán el actual sistema público; basado en un paquete garantizado de beneficios de jubilación.
La reforma del costoso sistema estatal de pensiones, o de seguridad social, es una prioridad para el nuevo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, porque es la causa principal de los déficits presupuestarios crónicos y de la creciente e insostenible deuda pública. El Gobierno está decidido a enviar una propuesta de reforma de pensiones completa al Congreso, en lugar de reformas parciales, con el propósito de garantizar que los beneficios duren más tiempo, sostuvo Lorenzoni.
“Arreglaremos este barco que se hunde llamado sistema de pensiones, el cual tiene un agujero en la cubierta”, dijo Lorenzoni en una entrevista de radio. El objetivo es revisar el sistema de pensiones para que no sea necesario volver a reformarlo en los próximos 20 ó 30 años, sostuvo. Lorenzoni aseguró también que no se han tomado decisiones, y que las nuevas propuestas serán presentadas a Bolsonaro la próxima semana.
Si bien se han hecho públicos pocos detalles, se espera que Brasil siga el ejemplo de la privatización de la seguridad social realizada en Chile en la década de 1980, por el dictador Augusto Pinochet; el cual incrementó los ahorros y agregó liquidez al mercado bursátil. Las pensiones en Chile actualmente son administradas por seis poderosas administradoras de fondos privados, conocidas como AFP, que tienen casi US$200.000 millones en activos. Estas pensiones, a menudo, no logran cumplir con las expectativas, lo que ha provocado masivas protestas en los últimos años en el país austral.
Actualidad Laboral / Con información de América económica