El Gobierno británico ha derogado una ley sindical clave, que impedía a las empresas poder contratar a trabajadores en caso de huelga. A partir de ahora, las empresas podrán contratar a trabajadores temporales de agencias, para que crucen la línea de piquetes, mientras las huelgas estén en marcha. También ha modificado la ley para aumentar la indemnización máxima, que los tribunales pueden penalizar a un sindicato, cuando se determina que la huelga es ilegal. La pena para los sindicados aumentará de 250.000 libras (294.000 euros) a 1 millón de libras (1,17 millones de euros).

Estas medidas han sido adoptadas en vísperas de un verano, que se prevé como uno de los peores en cuanto a huelgas y protestas sindicales en el sector público. Se prevén huelgas en sectores que son pilares de la economía: como de los trabajadores ferroviarios, bomberos, médicos, enfermeras, maestros, trabajadores de Correos, funcionarios públicos, abogados de oficio e ingenieros de British Telecom, la empresa de telefonía.

Todos ellos exigen aumentos salariales acordes con la inflación, que la semana pasada ha alcanzado el récord histórico de los últimos cuarenta años del 9,4% y se prevé que alcance el 11% a finales de años. Según la agencia de estadística gubernamental (ONS), el aumento salarial es del 7,2% en el sector privado y del 1,5% en el sector público, en el primer cuatrimestre del año.

Huelgas



El sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte (RMT) ha convocado nuevos paros nacionales de trabajadores de trenes para el 27 y 30 de julio y el 18 y 20 de agosto. RMT ya organizó a finales de junio, la mayor huelga del sector ferroviario que se recuerda en el país; con más de 170.000 trabajadores secundando la huelga, que provocaron el caso en el transporte. El jefe de RMT, Mick Lynch, ha criticado duramente las medidas. “Este es el último paso en una represión de la disidencia democrática, a la que todos los sindicalistas y demócratas deben oponerse”, dijo Lynch.

“El uso de mano de obra de agencia para romper huelgas, no solo es poco ético y moralmente reprobable, es totalmente impracticable (...). Los trabajadores de agencias no tendrán la habilidad, la formación o las competencias pertinentes para conducir un tren, realizar trabajos complejos de mantenimiento en las vías, señalizar trenes o realizar una gran cantidad de trabajos críticos para la seguridad en la red”, añadió Lynch. Y sentenció: “En lugar de intentar reducir los derechos sindicales, que ya son los peores de Europa occidental, el Gobierno debería liberar a Network Rail y a las empresas operadoras de trenes, para que podamos asegurar un acuerdo negociado sobre los ferrocarriles”. Se trata de empresa privadas que dependen del Gobierno.

Recortes durante más de una década



Por su parte, el Sindicato de Bomberos (FBU) dijo el miércoles pasado, un día después de que el servicio de bomberos de Londres experimentara su día más intenso, desde la Segunda Guerra Mundial por la ola de calor y los incendios por todo el país; que “los bomberos están al frente de la emergencia climática (...). Las demandas del trabajo están aumentando, pero nuestros recursos han sido atacados por los recortes gubernamentales, durante más de una década; dijo Matt Wrack, secretario general de FBU. Se han eliminado 11.500 puestos de bomberos desde 2010.

Un día antes, el martes, más de 115.000 trabajadores de Royal Mail (Correos británico), miembros del Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU); votaron abrumadoramente a favor de ir a la huelga. En una disputa sobre salarios, con el 97,6% de los miembros votando a favor y un 77% de participación.



La perspectiva de huelgas generalizadas previstas para este verano, se compara con el llamado “invierno del descontento”. Que se produjo en Reino Unido a finales de 1978 y principios de 1979; cuando se perdieron casi 30 millones de días laborales, por huelgas durante un periodo de alta inflación. Posteriormente, la legislación antihuelgas del país se endureció con la llegada de Thatcher, y la afiliación sindical disminuyó en las décadas posteriores; y los políticos conservadores intentaron influir en la opinión pública, caracterizando a los líderes sindicales como codiciosos. Sin embargo, en estos momentos el apoyo a los paros es mayoritario. El 45% las apoya y el 37% las rechaza en la última encuesta de Opinium.

Ley exprés



El ministro de Negocios, Kwasi Kwarteng, reconoció que habían acelerado la aprobación de la ley, antes de que cerrara el Parlamento el 21 de julio. Se mostró orgulloso por las medidas adoptadas y aseguró, que el cambio significaba que lo que era un delito penal hasta ahora, pasaba a ser una “oportunidad para los negocios”. El comunicado de prensa del gobierno del Reino Unido afirmó que el cambio de ley, permitiría a las empresas “llenar vacíos vitales de personal (...). No permitiremos que los sindicatos detengan nuestra economía”, sentenció Kwarteng.

Las nuevas reglas ya han entrado en vigor y la legislación se aplicará en Escocia, Gales e Inglaterra; ya que el derecho laboral y las relaciones laborales, están reservados al Gobierno central. El Gobierno nacionalista escocés se ha quejado, de que no les consultaron a la hora de tomar la decisión. Por su parte, el ministro de Transporte, Grant Shapps, dijo que era un hito importante en la “determinación del gobierno, de minimizar el poder de los jefes sindicales”. Y agregó: “Durante demasiado tiempo, los sindicatos han podido mantener al país secuestrado, con la amenaza de una huelga. Pero esta reforma vital significa, que cualquier huelga futura causará menos interrupciones; y permitirá que las personas trabajadoras continúen con sus vidas diarias”.

Actualidad Laboral / Con información de Nius