Desgarrador es el ambiente que se vive en el Ministerio de Trabajo, lugar al que decenas de empleados acuden diariamente a buscar asistencia jurídica tras ser despedidos. Cada día esa unidad recibe entre 700 y 800 solicitudes de cálculos laborales o asistencia jurídica, informó a EL DÍA un colaborador que no quiso revelar su identidad. Los afectados llegan desde tempranas horas de la mañana con aparente desconsuelo, a juzgar por la triste expresión de sus rostros, para ser beneficiados con un turno para ser atendidos en ese Ministerio; de lo contrario deben esperar hasta cuatro horas en fila, entre la multitud.
En la hilera algunos aprovechan para narrar entre rabia, tristeza e impotencia las circunstancias en las que fueron expulsados de sus trabajos. Mientras, otros se aferran a la fe y entonan estrofas de canciones cristianas de esperanza, como “Dios, milagroso, abre caminos, cumple promesas” o “paz en medio de la tormenta”. El panorama es tan deprimente que el propio ministro de Trabajo, Wilson Santos, dijo a EL DÍA que prefiere que sea el funcionario designado por el nuevo gobierno, el que se refiera a la situación por la que atraviesa el mercado laboral en el país.
Número de afectados
No es para menos. Según la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, cerca de 500 mil empleados han sido suspendidos y 300 mil están cancelados, luego de la crisis creada por el Covid-19. Pepe Abreu, presidente del gremio, describe esta crisis “como un panorama sombrío y desesperanzador”. Sin embargo, se mantiene optimista de que con el ministro designado se inicie un diálogo para buscar respuestas a la crisis. Además, esperan tratar la propuesta de sectores empresariales, que plantean el fraccionamiento de las prestaciones.
Algunos empleadores han expresado que carecen de recursos, para liquidar a trabajadores que no necesitarán en sus empresas. De hecho, hasta han solicitado préstamos blandos a las autoridades. Mientras se definen esas diferencias, los trabajadores buscan ayuda a través del Ministerio de Trabajo. Una de esta es Matilda Salazar, empleada de un centro de salud privado, quien fue removida de su puesto laboral hace un mes, y aún no ha recibido sus prestaciones. “Estamos solos, sin nadie que nos defienda. Después de tres años de trabajo, mi dinero no aparece”, lamentó Salazar. Una situación similar pasa Isa García, empleada doméstica, ya que sus empleadores le dijeron que no tendría liquidación.
Retraso
Las empresas están exigiendo prueba de Covid-19 a los empleados para reintegrarlos, pero por la falta de estas, los colaboradores permanecen suspendidos. En ese sentido, Abreu demandó que se habiliten pruebas solo para estos.
Actualidad Laboral / Con información de El Día
