Los senadores chilenos aprobaron el jueves un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones con amplia mayoría y votos del oficialismo a pesar del rechazo a la medida por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera. La iniciativa busca que la población pueda enfrentar con sus propios ahorros los efectos de la crisis económica causada por la pandemia.
El texto fue aprobado por 31 votos a favor, incluyendo siete de la coalición oficialista Chile Vamos, y 11 votos en contra. Posteriormente fueron aprobadas enmiendas al texto que pasarán de nuevo a la Cámara de Diputados, un último eslabón previo a la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
El gobierno ha expresado férrea oposición al proyecto y confirmó esta semana que acudirá al Tribunal Constitucional, que en una ocasión anterior declaró inconstitucional un proyecto similar.
El Ejecutivo basa su rechazo en un artículo constitucional que señala que las iniciativas que impliquen desembolsos de dinero sólo pueden ser impulsadas por el Presidente de la República.
La decisión del Ejecutivo suscitó un fuerte cacerolazo que se escuchó con fuerza desde distintos puntos de Santiago y otras partes del país, y desató ataques a comisarías y fuertes protestas con barricadas en varios barrios de la capital el miércoles.
En los dos retiros anteriores, los chilenos de todas las clases sociales sacaron unos 35.000 millones de dólares depositados en las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones. Economistas estiman que en esta ocasión se sacarán otros 10.000 millones de dólares.
Con el primer y segundo retiro unos tres millones de personas quedaron sin fondos en sus cuentas y ahora se estima que otro millón de afiliados o más podrían quedar con sus cuentas en cero.
Piñera, en un intento por frenar la aprobación del proyecto, anunció el lunes la ampliación del ingreso familiar de emergencia a aproximadamente USD140 dólares por persona, una medida que beneficiará según el gobierno a más de 13 millones de personas y que se suma a diversos bonos y créditos sin intereses por unos 6.000 millones de dólares.
Los chilenos más vulnerables tienen aseguradas las ayudas, pero millones de personas de clase media deben demostrar que perdieron al menos el 20% de sus ingresos para optar a los beneficios. La oposición demanda, sin éxito, la implementación de una amplia renta familiar de emergencia.
Entre las argumentaciones de los senadores se reconoció que no es una medida ideal pero es necesaria y que no resulta fácil que la gente financie esta crisis con sus pensiones, pero es lo que queda por la escasa respuesta del gobierno.
Por su parte los senadores oficialistas que aprobaron el texto lo apoyaron porque consideran que el retiro tiene un carácter voluntario y ven necesario apoyar a la clase media que no califica en ayuda alguna.
El sistema de pensiones de Chile fue impuesto hace 40 años por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y se basa en la capitalización del ahorro individual, que entrega bajas jubilaciones a la inmensa mayoría de los chilenos.
Chile vive una grave crisis sanitaria, con miles de contagiados diarios que mantienen al borde del colapso al sistema hospitalario, que tiene el 95% de sus camas con ventilador ocupadas, la mayoría con pacientes con COVID-19. Para frenar las infecciones el gobierno mantiene al 90% de los chilenos bajo una cuarentena total o parcial.
Mientras tanto, el país sigue con una exitosa campaña de vacunación que ha logrado inmunizar a más de 7,8 millones de personas con una primera dosis (41% de la población total) y a más de 5,8 millones con dos dosis (casi 31% de población total del país).
Chile acumula hasta el momento más de 1,1 millones de contagiados y más de 25.500 fallecidos.
Actualidad Laboral / Con información de AP
