Con el objeto de “proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras (…) Regular las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador (…)”, fue promulgada la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), el 7 de mayo de 2012.

Pocas fueron las voces de rechazo, desde el movimiento sindical venezolano, cuando el Presidente Hugo Chávez firmó el texto; en algunos casos hubo quien la miró con cautela, pero la mayoría se mostró satisfecha por el “reconocimiento” de la clase obrera. Pero, al evaluar los tres años de su aplicación, no todos los dirigentes le ponen la máxima calificación, incluso algunos, han planteado su revisión y reforma.

La reducción de la jornada laboral y el “rescate” de la retroactividad de las prestaciones sociales, fueron los aspectos que mayor espacio ocuparon en el debate público, antes y después de su entrada en vigencia. La “erradicación” de la tercerización fue otro punto que llenó de esperanza a los trabajadores.

Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer llamados de alerta sobre el alcance del texto legal. Una de esas voces: la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), en sus inicios muy cercana a las ideas del fallecido Presidente Hugo Chávez, pero hoy cada vez más distante de su sucesor en el poder, Nicolás Maduro. La intervención del Ministerio del Trabajo en la vida interna de las organizaciones sindicales, es una de las críticas expresadas por sus dirigentes.

A juicio de la coordinadora nacional de la Únete, Marcela Máspero, los trabajadores se encuentran en un “ estado de indefensión absoluta”. Mientras que los patronos públicos y privados, considera, salieron fortalecidos “teniendo impunidad absoluta para seguir actuando, los militares contra los trabajadores, contra los sindicatos, suspensión de elecciones, como sucedió en Sidor”.

Revisar el contenido de la Lottt, con miras a su reforma, se habría planteado en lo interno del Gobierno Nacional pero, pareciera, que no es el momento de hacerlo público, por razones políticas. Máspero, desde su posición crítica, no duda en advertir que es necesario “anular todo lo que tiene que ver con los derechos colectivos, ajustarlos a la Constitución y a los convenios internacionales”.

A la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han llegado, y en la próxima Conferencia llegarán más, quejas sobre las presuntas violaciones a la libertad sindical en nuestro país. “Hay una persecución contra las organizaciones sindicales, no se registran sindicatos desde hace más de un año y medio, se retrasa todo el tema en el Consejo Nacional Electoral (…), las inspectorías del trabajo vienen en desmejora absoluta”, explicó la vocera de la Únete.

En el otro extremo, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), Franklin Rondón, explica que “el balance de cumplimiento es positivo, porque ha sido garantía de libertad sindical, de estabilidad laboral y de participación protagónica (de los trabajadores) en el proceso productivo”.

Aunque reconoce que hay tareas pendientes. “La razón que motivó a la reducción de la jornada laboral era buscar espacios para la formación y la capacitación de los trabajadores, para la recreación, mayor compartir con su familia”, y eso no se habría logrado hasta ahora, según el dirigente.

Así mismo considera que el movimiento sindical tiene que seguir trabajado en “seguir elevando la conciencia política de la clase obrera, prestarle mayor apoyo a los trabajadores que están laborando en las empresas recuperadas, hay que prestarle mayor asistencia técnica, para la productividad”.

Pero este 2015, 3er año de vigencia de la Lottt, es el momento estelar del fin de la tercerización. Esa promesa no se ha cumplido. Aunque no hay cifras oficiales y cada sindicato tiene una distinta, desde cualquier tendencia reconocen que todavía existen trabajadores en condición de tercerizados, en la empresa pública y privada, y no tienen información cuándo pasarán a estar en la nómina fija.

Sólo en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria (Fetraelec), Ángel Navas, estima que hay más de 3 mil tercerizados. “No sólo no se ha eliminado sino que ahorita hay una situación bastante conflictiva de trabajadores del área de atención y reclamo del área comercial, donde la empresa está adelantando un proceso de sustitución de esos empleados, para una empresa privada”. Es decir, se estaría “tercerizando” una actividad que actualmente realiza la misma compañía estatal.

Para el dirigente sindical, las personas que se encargan de la vigilancia, de la limpieza de las instalaciones, del mantenimiento de las áreas verdes, deberían ser absorbidos por la empresa. Aunque reconoce la ambigüedad del texto legal, todavía sin reglamentar este aspecto.

“La Ley no establece quien es trabajador tercerizado y quien no”, y es que ese es una de las “tareas pendientes”. Y así lo considera el integrante de la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Aplicación de la Lottt, Francisco Torrealba, quien explicó que un proyecto de reglamento se encuentra a la espera de la revisión y firma del Ministro para el Proceso Social de Trabajo, Jesús Martínez.

“Esos trabajadores (los tercerizados) son explotados de una forma tremenda, las contratistas, que muchas veces son de maletín, lo que hacen es rotar el contrato, pero contratan a los mismos trabajadores y siempre terminan no entregándole las prestaciones sociales, no los meten en la seguridad social, no les pagan a tiempo”, explica Navas.
La reestructuración del despacho del Trabajo, planteada en la Ley, tampoco se habría logrado, considera el secretario de asuntos colectivos del trabajo de Fetraelec, Esteban Alvarado. A su juicio “no hay capacidad de respuesta por parte del órgano, de la institución como tal”.

Este 1ero de mayo, Día del Trabajador, de nuevo los trabajadores estarán en la calle, unos reclamando mejores condiciones laborales, respecto a la propia Ley del Trabajo, al derecho a la convención colectiva, a la libertad sindical y un salario que cubra las necesidades del trabajador y su familia; y otros, junto al Jefe del Estado, contra la llamada “guerra económica”.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas