A pocas semanas de que comience el plan oficial para el regreso de los menores a las escuelas en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, las autoridades de Buenos Aires y varios sindicatos de docentes mantienen el conflicto sobre la idoneidad de la medida.
La ministra de Educación de la capital, Soledad Acuña, dijo el lunes a medios de prensa que les descontarán el día en los salarios a los docentes que no acudan a los establecimientos educativos en el inicio de las clases presenciales en Buenos Aires, fijado el 17 de febrero para algunos niveles.
Según Acuña, los docentes “tienen derecho a hacer manifestaciones”, pero no deben afectar la vuelta a los centros públicos y privados donde es necesario “recuperar los contenidos perdidos” del año pasado. La ministra agregó que “algunos líderes sindicales” sólo hacen “política partidaria”.
Las autoridades presentaron un protocolo de actuación que contempla un inicio escalonado, según el grado que cursen los escolares.
El 2020 estuvo marcado por la práctica ausencia física en las aulas debido a la pandemia que impactó desde marzo, cuando comenzó el ciclo escolar.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) advirtió que sus afiliados no concurrirán al lugar de trabajo el 17 de febrero. Ese y otros sindicatos históricamente enfrentados al gobierno capitalino de signo conservador sostuvieron que no están dadas las condiciones para el dictado de clases en medio de una pandemia que sigue generando centenares de infectados diariamente en la ciudad y cuando el plan de vacunación iniciado el 29 de diciembre todavía no ha alcanzado a los maestros.
“Los anuncios demuestran que desconocen el funcionamiento de las escuelas... Mantener una fecha a como dé lugar denota que no tienen un interés”, dijo la secretaria General de UTE, Angélica Graciano.
Los sindicalistas afirmaron que hay que esperar para evaluar la situación sanitaria en febrero y exigieron primeramente la readecuación de espacios escolares y elementos suficientes de higiene.
En tanto, la Asociación Docente Ademys planteó “la imposibilidad objetiva de que en la mayoría de las escuelas se cumpla con el distanciamiento necesario dentro de un aula” si concurren todos los estudiantes. También dijo que la asistencia de la totalidad de la matrícula implica una circulación diaria de 1,2 millones de personas en la ciudad, “lo que incrementa muchísimo el riesgo de contagios, sobre todo en el transporte público”.
Las autoridades sostienen que funcionarán burbujas con un número acotado de estudiantes en espacios distintos a las aulas, se realizarán testeos periódicos a los docentes y se garantizará que el transporte público sea prioritario para estudiantes y maestros.
La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió que “la vuelta a las escuelas en la modalidad presencial es imprescindible”, pero también alertó que si durante la última quincena antes del inicio escolar hubo más de 200 nuevos casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes hay un alto riesgo de transmisión.
Cada jurisdicción argentina puede establecer cuándo y cómo será el regreso a la presencialidad en los colegios, mientras que no es condición necesaria la aplicación de la vacuna aunque sí el cumplimiento del protocolo sanitario. El gobierno nacional indicó que los docentes comenzarán a inocularse en febrero.
Desde fines de diciembre se produjo un aumento de infectados en Argentina. El mayor incremento ocurrió en Buenos Aires y municipios cercanos, pero los contagios se desaceleraron en los últimos días.
En el país se han reportado 1,8 millones de infectados y más de 46.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
Actualidad Laboral / Con información de AP
