Contra el Golpe en Brasil.
1. Hace alrededor de dos décadas América Latina ha sido el palco del acenso de una serie de gobiernos post-neoliberales que promovieron importantes reformas sociales, la reducción de la pobreza y de la desigualdad en sus múltiples dimensiones. En Brasil, este proceso - a través del gobierno del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff - fue el responsable por la ascenso social de más de 40 millones de brasileños/as, por la creación de más de 20 millones de empleos formales y por la puesta en práctica un nuevo modelo de desarrollo social y económico más justo, sustentable y que prioriza el fortalecimiento del mercado interno, al mismo tiempo en que ha intensificado las relaciones entre los países de América Latina, con África y con el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
2. Es desde el punto de vista de este escenario más amplio y como reacción por parte de los sectores más conservadores de la sociedad brasileña - de acuerdo con sus socios en la región - que la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, abierto en la Cámara de Diputados en el último día 17 abril debe entenderse. Este proceso viola la legalidad democrática y revela de manera absolutamente transparente que las elites brasileñas que no logran llegar al poder por el voto popular, buscan ilegalmente y de manera no democrática derrocar a un gobierno elegido en las urnas y evitar que el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sea candidato nuevamente en las elecciones presidenciales de 2018.
3. La presidenta Dilma Rousseff no ha cometido ningún crimen de responsabilidad, condición constitucional para la apertura de un juicio político. En el marco de la Constitución brasileña, el juicio político sin crimen de responsabilidad, es un golpe. A diferencia de la presidenta, la mayoría de los diputados que votaron por la continuación del proceso de juicio político son investigados por diversos delitos en los tribunales brasileños, empezando por el presidente de la Cámara, el diputado Eduardo Cunha, acusado por una amplia evidencia de mantener recursos en cuentas secretas de millones en Suiza, resultado de sobornos y desviaciones relacionadas con escándalos de corrupción en Petrobras. Hubo clara violación del orden democrático e institucional, construido poco a poco por los sectores provinciales del poder judicial, el Ministerio Público Federal, la Policía Federal y la Corte Suprema. Esta última permitió a Eduardo Cunha quedarse a cargo de la presidencia de la Cámara de los Diputados aún bajo investigaciones. El proceso de destitución representaría la anulación de 54 millones de votos en favor de un grupo corrupto que asalta el poder sin votos y sin legitimidad. Está claro, por lo tanto, que no se trata de luchar contra la corrupción, sino para sofocar las investigaciones y atacar a los derechos de la clase trabajadora.
4. Un eventual gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, que también es objeto de la investigación de la Operación Lava Jato y que ha conspirado contra el poder presidencial, significaría un golpe contra los logros sociales y laborales, contra la distribución del ingreso, contra los sindicatos y los movimientos sociales, contra la democratización de la educación y el acceso a la asistencia sanitaria, contra el control público sobre la explotación del petróleo, contra el desarrollo nacional y contra la integración regional. El documento "Un puente hacia el futuro", elaborado por la cúpula del PMDB, un tipo de programa oficial de un eventual gobierno Temer, muestra con claridad este escenario - en especial en las propuestas de flexibilización y en los ataques a los derechos laborales, en la reforma neoliberal de las pensiones y en la reducción de las inversiones en salud y educación. Eso se hizo aún más evidente durante la votación en la Cámara de Diputados - a través de los discursos grotescos, sexistas, misóginos, racistas y de inspiración fascista de varios de los diputados, ridiculizados incluso por la prensa internacional - y un gobierno que eventualmente emerja de este golpe tendrá como prioridad garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por los parlamentarios de derecha investigados por la Operación Lava Jato, la criminalización y represión de la protesta social, la adopción de un programa de regresión neoliberal y, en la política exterior, el desmonte de los procesos de integración de América Latina, poniendo a los intereses brasileños subordinados a los dictados de las grandes potencias. Los que apoyan este golpe, disfrazado de juicio político, trabajan en favor de la retirada de los derechos laborales y en contra, por ende, de los intereses de la clase obrera - alineados y sometidos a las directrices de las élites económicas y empresariales que buscan, incluso poniendo en peligro el orden democrático, reducir el costo de la mano de obra en la economía brasileña.
5. Todavía hay dos votaciones, ahora en el Senado, y el proceso aún puede durar hasta seis meses para su resultado final. La CSA apoya la lucha de la gran mayoría de los movimientos sociales, sindicatos y centrales sindicales brasileños que continuarán las manifestaciones y protestas para revertir el golpe de Estado en curso y restaurar la democracia plena en el país - lo que pasa por una reforma profunda del sistema político actual, la única manera de combatir eficazmente la corrupción. Los movimientos sindicales y sociales no reconocerán un gobierno ilegal e ilegítimo, luchando en contra de cada una de sus medidas contra los empleos, los salarios y los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora brasileña - conquistas y logros de largos ciclos de luchas sociales.
6. La CSA insta a la comunidad internacional que denuncie la grave amenaza a la democracia brasileña y pone de relieve la importancia de que las organizaciones internacionales como la OEA, la CELAC, la UNASUR y el Mercosur, así como losgobiernos nacionales y los organismos de las Naciones Unidas, que no reconozcan a cualquier gobierno que no sea bajo el liderazgo de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue elegida legítimamente en las últimas elecciones presidenciales en el 2014.
