Algunos comentaristas en televisión hablan de “jueves negro” y especulan con una “primavera caliente”, el primer gran desafío de la temida calle francesa al presidente Emmanuel Macron desde que llegó al poder hace diez meses. Ferroviarios y funcionarios, convocados por los siete principales sindicatos del sector público, dejarán de trabajar o se manifestarán en protesta por el ritmo de reformas acelerado, que Macron se ha propuesto mantener. El anterior intento de frenar un proyecto clave del presidente —la reforma laboral, en otoño— movilizó a decenas de miles de manifestantes, pero acabó pinchando y no logró impedir que la reforma se aprobase.

Más de 150 manifestaciones de funcionarios —incluidos maestros, personal hospitalario y controladores aéreos— están previstas en toda Francia para protestar, entre otras cosas, contra la reforma de la función pública. Esta reforma prevé la supresión, de ahora a 2022, de 120.000 puestos para ahorrar 4.500 millones de euros.

Los transportes también pueden quedar semiparalizados: un 60% de los trenes de alta velocidad estarán parados, así como un 75% de los trenes de media distancia, un 50% de los trenes de cercanías y un 30% de los vuelos desde los aeropuertos de París. Los sindicatos de ferroviarios han anunciado una huelga parcial entre principios de abril y finales de junio, con paros tres días a la semana. Protestan contra la reforma de la SNCF, la compañía pública de ferrocarriles.

La jornada servirá para calibrar la fuerza real del descontento con un presidente que hasta ahora ha gobernado sin mayores resistencias ni oposición.

"Nos mantendremos firmes", dijo hace unos días su ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. El presidente puede rectificar puntos menores de las reformas pero rechaza levantar el pie del acelerador. Cree que la victoria electoral con un programa de reformas —en las presidenciales primero y en las legislativas después— le legitima.

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