Por considerarla violatoria de la Constitución Nacional, representantes de algunas organizaciones sindicales y de derechos humanos del país, rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obliga a solicitar permisos para manifestar. Así mismo anunciaron que no acatarán esta orden.

El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, anunció que en los próximos días acudirá al máximo tribunal del país a introducir un recurso de amparo constitucional y pedir la nulidad de la interpretación hecha por esa instancia a los artículos 68 de la carta magna y 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones.

Advirtió que las manifestaciones pacíficas que se han registrado en el país tienen un contenido social, más allá del político “Trabajadores que se han sentido atropellados por un modelo económico que ha sido hambreador de la clase trabajadora”, con lo que recordó que la inflación anualizada llegó a 59,4%, según la información oficial, así como la pérdida de puestos de trabajo y la caída en la producción, que han advertido representantes del sector privado.

Y, a su juicio, evitar que los trabajadores se expresen libremente “no puede ser calificado de una manera distinta a un acto brutal, de autoritarismo y de atropello a los derechos ciudadanos”. A la luz de esta decisión, el dirigente sindical aseguró que se mantendrán en la calle “Nosotros acatamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reconoce el derecho a la manifestación pacífica, y llegamos más allá, reconocemos ordenanzas en las que se da cuenta de que debe mediar una notificación, no un permiso”, enfatizó.

Esta acción judicial que realizará esta representación gremial, según dijo Ruíz, será planteada también ante la Unidad de Acción Sindical, para que consideren su adhesión. Pero, este mismo viernes, la Coordinadora Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero, expresó la disposición de esta central de ejercer acciones tanto en el país como ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Si quieren que nos metan presos, pero por lo menos nosotros, la Unete, va a hacer caso omiso a esa decisión del Tribunal”, advirtió Máspero, a propósito de la sentencia que ordena a los cuerpos policiales a actuar contra quienes incumplan con la solicitud de permisos, e incluso deben informar sobre los hechos al Ministerio Público.

La dirigente sindical señaló que la decisión del TSJ “está colocándoles un nuevo rostro fascista al comportamiento que tiene el Gobierno con respecto a las movilizaciones populares”.

1ero de Mayo

Las manifestaciones anunciadas para conmemorar el Día del Trabajador, tanto en Caracas como en el interior del país, no serían modificadas luego de la decisión del TSJ.

Ruíz dijo que se realizaron las notificaciones correspondientes a las alcaldías de los municipios por donde pasarán (Baruta y Sucre), a la Gobernación del Estado Miranda y al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. “La clase trabajadora venezolana, la que es verdaderamente autónoma, independiente y democrática, marcha en Caracas, contra un gobierno hambreador, por la libertad sindical, por sueldos, salarios y pensiones dignas”

Por su parte Máspero advirtió que esa organización sindical realizará acciones similares en varios estados del país “pero no estamos pidiendo permiso, ni vamos a pedir permiso (…) la Constitución consagra cuales son nuestros derechos y los vamos a exigir y reclamar en la calle, como siempre lo hemos hecho”.

80% de las protestas en el país, tienen carácter social

El Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, advirtió que la interpretación del TSJ sobre las acciones de calle, estaría afectando los derechos de la clase obrera. “Cuando nosotros vemos el histórico de las protestas en Venezuela, quienes más protestan son los trabajadores. El 80% de la protesta venezolana es en términos sociales”

En este sentido, los exhortó a seguir organizándose y articular las acciones con otros actores de la sociedad “Salir a la calle, a exigir reivindicaciones laborales, reivindicaciones sociales es absolutamente democrático, en este momento quienes se están montando en una postura no democrática son quienes interpretaron esta ley de manera irresponsable e irrespetuosa con lo que es la democracia venezolana”.

El OVCS acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar esta decisión del TSJ y además realizará una campaña informativa para que los ciudadanos conozcan el contenido y alcance del artículo 43 de la Constitución que garantiza el derecho a la protesta y lo establecido en la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, interpretados por la máxima instancia judicial del país.

Por su parte, el Sociólogo y Coordinador Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), Trino Márquez, señaló que desde hace 15 años, el gobierno nacional ha ejercido una serie de acciones para debilitar a las instituciones gremiales constituidas, entre ellas, los sindicatos.

Y de esta manera, considera que es la clase obrera estaría quedando indefensa “Los derechos de los trabajadores están vinculados con la fortaleza de las organizaciones sindicales y gremiales, es muy difícil y casi imposible que una sociedad tan desigual como la venezolana, los derechos de los trabajadores puedan preservarse con organizaciones débiles”.

A su juicio, esa decisión del TSJ “tiende a colocar en manos del gobierno en general, las decisiones de quienes pueden movilizarse (…) el efecto inmediato es que atenta contra el movimiento sindical”.

Actualidad Laboral / ASS