Por considerar que contradice lo previsto en la Constitución de la República, los convenios internacionales y la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), en materia de derechos laborales, la Unidad de Acción Sindical y Gremial (Uasg) y Provea se adhirieron a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la resolución No. 8610 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que se encuentra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La vocera del grupo, y coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Marcela Máspero, advirtió que esta norma, que permite a los cuerpos de seguridad la posibilidad de utilizar armas de fuego para el control de las manifestaciones, se suma a las acciones que estaría ejerciendo el Estado contra la libertad sindical.

“Hoy tenemos 3 compañeros presos en los calabozos del Sebin, desde septiembre del año pasado, imputándoles tráfico de armas (…); tenemos al compañero Rodney Álvarez preso desde hace más de 4 años, inculpado por una muerte ocurrida frente al portón de Ferrominera (…); tenemos despedidos, desmejorados, amenazados, aterrorizados; las notificaciones de despidos laborales se hacen por funcionarios del Sebin (…) no podemos permitir que se sigan violentando los derechos, el incumplimiento de nuestros derechos laborales”, dijo.

Por su parte, la coordinadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Esperanza Hermida, explicó que también solicitaron al máximo tribunal del país que acumule las acciones similares ejercidas por otras organizaciones no gubernamentales, estudiantes y profesores universitarios. “Lo correcto es que obre el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establece la posibilidad de que todas esas acciones sean acumuladas y decididas por la Sala Constitucional, en un solo fallo”.

Pero esta ONG y algunas organizaciones sindicales, hace un año y 5 meses, introdujeron un recurso de nulidad parcial contra algunas disposiciones de la Lottt, y hasta la fecha no ha habido pronunciamiento alguno. Y por eso, este jueves, también entregó un escrito pidiendo respuesta al respecto.

“Exigían la derogatoria de varias disposiciones que son injerencista en la vida interna de las organizaciones sindicales, y que establecen, por ejemplo, cuándo y cómo hacer la presentación de cuentas; de qué manera se hacen las asambleas; de qué manera se redactan los estatutos, e inclusive cómo se hacen los procesos electorales. Eso forma parte de una cantidad de normas que han sido dictadas en este país, para colocar una camisa de fuerza al movimiento sindical”, dijo Hermida.

La Unidad de Acción Sindical y Gremial, conformada por la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv).

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas