Lograr la unidad del movimiento sindical, al margen de los intereses político partidista, fue la principal razón que llevó a varias organizaciones a reunirse en una especie de asamblea, este viernes, en Caracas. La Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y la Corriente Clasista Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA), acompañados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), coincidieron en exigir juntos el fin de la criminalización de la protesta.
A la calle antes del 1ero de Mayo
Luego de reconocer que se han mantenido al margen de las protestas que se han registrado en el último mes en el país “hemos perdido un tiempo precioso en buscar que se materialice la unidad de los trabajadores” -dijo Servando Carbone, Coordinador Nacional de UNETE- la representación de CCURA planteó la necesidad de realizar una manifestación, en Caracas, durante el mes de abril.
Fecha y destino, serían definidos después, pero el objetivo es exigir la participación de los trabajadores en decisiones que los involucre como el incremento al salario mínimo, discusión de las convenciones colectivas vencidas. Por CCURA, José Bodas, señaló el ingreso mínimo de los trabajadores debe ser igual al costo de la canasta básica, y revisable cada 3 meses, además de la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La celebración del Día del Trabajador tendría que ser, según estos dirigentes sindicales una manifestación principalmente de la clase obrera “marchar el 1ero de Mayo tiene un fuerte contenido de clase, de autonomía, de independencia, no esos carnavales que por un lado va la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) y por el otro el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela)”, advirtió Orlando Chirinos, dirigente de CCURA.
Condiciones para el diálogo
Estos representantes de los trabajadores quieren conversar, sentarse en una misma mesa con el Gobierno Nacional, pero con la participación de los demás sectores y con supervisión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otros requisitos son el fin a la criminalización de la protesta, suspender los procesos judiciales abiertos contra los dirigentes sindicales mientras realizaban acciones gremiales, respetar el derecho a la protesta y “derogar el decreto de la Ley Orgánica del Trabajo”, señaló Carbone, quien además considera que el Vicepresidente Jorge Arreaza no está preparado para dirigir el diálogo “no creemos que pueda gerenciar una mesa, es una persona que no tiene sensibilidad”.
Amnistía Laboral
Provea contabiliza más de 130 dirigentes sindicales involucrados en procesos judiciales, por exigir respeto a los derechos laborales. Se trata de casos que llevan en promedio 4 y 5 años, según la información que maneja la Coordinadora de Exigibilidad de esa ONG, Esperanza Hermidas.
Luego de advertir que son los trabajadores los principales protagonistas de la mayoría de las protestas sociales registradas en el país, en los últimos 5 años, Hermidas, señaló que este sector puede ser un “vehículo para que se desarrollen mecanismos de diálogo” para solucionar los problemas de este sector.
Días atrás, Provea, se reunió con la Fiscal Luisa Ortega Díaz, a quien planteó la necesidad de lograr una “amnistía laboral”. Aclaró Hermidas “que cesen las imputaciones y los procedimientos judiciales a los dirigentes sindicales y sociales”.
Actualidad Laboral/ASS
