Las organizaciones sindicales Alianza Sindical Independiente (ASI), Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central General de Trabajadores (CGT), Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa), Frente Autónomo por la Defenda del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) y el Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), acompañadas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acudieron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia, para introducir una demanda popular por inconstitucionalidad parcial contra el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, junto con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente pretensión cautelar de suspensión de efectos contra los artículos 365 y 367 de la sección tercera, los artículos 386 y 387 de la sección cuarta, y el artículo 388 de la sección quinta del Capítulo Primero, Título Séptimo; así como los artículos 517 y 518 del Capítulo Cuarto, Título Octavo; y la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral Segundo del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.076 Extraordinario, del 07 de mayo de 2012.
Los sindicatos señalan que estos artículos violan la libertad sindical establecida en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, aplicable con carácter preeminente según lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitucional Nacional, y que además violan el artículo 95 de la Carta Magna.
Este 31 de diciembre vence el plazo otorgado a los sindicatos para inscribirse en el Registro de Organizaciones Sindicales, según la Ley del Trabajo.
Los representantes sindicales han reportado dificultades para registrarse y temen que el próximo año tengan dificultades para asistir a los trabajadores.
Según Navarro, estos artículos representan un atropello contra la libertad sindical. Aseguró que la lucha de los sindicalistas no será sólo a nivel nacional, sino que incorporaran en ella a organismos regionales y acudirán a la OIT a introducir la queja en el comité de libertad sindical.
