La junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico demandó el lunes al gobernador por negarse a reducir las jornadas laborales y a adoptar otras medidas para ahorrar dinero.

La demanda eleva aún más las tensiones entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión y Administración Financiera, la cual pide que se reduzcan las jornadas laborales de los empleados públicos y que se reforme el sistema de pensiones mientras el gobierno busca reestructurar una parte de su deuda pública de 74.000 millones de dólares.

La junta también solicitó una orden judicial para que Rosselló no pueda negarse a cumplir.

“Aunque preferíamos evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en línea con sus compromisos para reducir el gasto y construir bases estables para su futuro económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta.

Es la primera vez que el organismo recurre a tribunales para hacer válidas sus demandas. Algunos integrantes de la junta han advertido que al hacerlo, la reducción de las jornadas laborales podría ser mayor si la implementación se retrasa.

La demanda fue entablada después que representantes del gobierno se enfrentaron con miembros de la junta durante una sesión pública a comienzos del mes, en la que se negaron a implementar la reducción de jornadas laborales o recortar 10% el sistema público de pensiones, el cual enfrenta obligaciones por casi 50.000 millones de dólares. En ese momento, la junta dijo que la reducción de jornadas laborales era necesaria porque el gobierno de Rosselló no había alcanzado la meta de 218 millones de dólares en ahorros como parte de un total de ahorro requerido de 880 millones.

Rosselló dijo a los reporteros el lunes que su gobierno considera que ha cumplido con los objetivos incluidos en un plan fiscal que la junta certificó a inicios de este año. También declaró que por el momento no se necesitan las reducciones de jornadas para más de 130.000 burócratas que según la junta deberían implementarse a partir del 1 de septiembre

“Estamos dispuestos a buscar otras alternativas”, agregó en conferencia.

La semana pasada, el gobernador promulgó una ley que establece un nuevo plan de pensiones _donde los beneficiarios deciden cuánto contribuyen a su retiro y cómo se invierten los recursos_ y destina 2.000 millones de dólares este año para miles de jubilados. La ley no incluye los recortes solicitados por la junta supervisora.

Puerto Rico lleva más de una década en recesión, detonada en parte por el fuerte endeudamiento de administraciones pasadas para cubrir enormes déficits. La crisis ha causado el cese de pagos de deuda y ha hecho que prácticamente medio millón de puertorriqueños emigren a Estados Unidos en busca de empleo y un costo de vida más accesible.

Actualidad Laboral / Con información de AP