Hoy se cumplen 11 semanas desde que Perú entró en estado de emergencia para intentar frenar el avance del COVID-19. Hasta la semana pasada, cerca del 50% de la economía habría estado paralizada y, como consecuencia de ello, el empleo y los ingresos en el país han sufrido fuertes retrocesos. Para mitigar el impacto de la parálisis en el bolsillo de las personas, el Gobierno peruano ha implementado varios tipos de transferencias de dinero a las familias. Sin embargo, y tal como ha reconocido el presidente Martín Vizcarra, el cobro de estos bonos ha generado largas colas que habrían sido una fuente de contagio del virus.
El fondo de este problema –además de las dificultades para identificar a los beneficiarios– radica en un reto estructural del país: la poca profundización financiera. De acuerdo con datos de la reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), al 2019 solo cuatro de cada diez hogares peruanos tenían algún producto financiero. En específico, el 39,5% de los hogares indicó que tiene cuentas de ahorro, 37% tiene tarjeta de débito, y menos del 10% posee cuentas corrientes o a plazos. Si bien, las cifras han mostrado una mejora respecto a sus niveles del 2015, todavía son bajas.
Determinantes
La falta de inclusión financiera entre los sectores de menos ingresos se hizo obvia, con las colas para la cobranza de los bonos otorgados por el Ejecutivo. Aunque preocupante, no debió ser una sorpresa. Entre los trabajadores informales, solo un 25,7% tiene cuenta de ahorros. Las causas son diversas. La extendida prevalencia de la informalidad es el factor más significativo. Un adecuado entendimiento del sistema financiero es una de las limitaciones adicionales. Entre quienes no tienen cuentas o tarjetas, el 60% señala que ello se debe a que, no creen que tienen suficientes ingresos para ello.
En tanto, un 28,4% considera que no necesita esos productos o no le interesan. La debilidad de la cultura financiera juega un rol. Por ejemplo, en una encuesta publicada por la CAF el año pasado, el 29,6% de peruanos entendía correctamente el funcionamiento de la tasa de interés compuesto, mientras que en Chile el número subía a 49,5%.
Por el lado de la oferta, Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), señala que la fragmentación territorial y la gran brecha de infraestructura dificultan expandir los servicios en el interior del país. Además, agrega que la debilidad institucional y alta informalidad, dificulta que se firmen y cumplan más contratos de estos servicios.
Además de las limitaciones existentes, desde el Congreso hay intentos por aumentar los controles sobre el sector financiero, lo cual podría quitarle competitividad. Al respecto, Naranjo subraya que medidas de ese estilo serían contraproducentes y causarían varios efectos negativos: impide la inclusión financiera, raciona el crédito, fomenta la informalidad y reduce la transparencia. “En el Perú ya hemos probado controles de tasas de interés, funcionó muy mal. La evidencia es clara”, subraya.
Transacciones 2.0
Las aglomeraciones en los bancos durante la pandemia, no solo han reforzado la necesidad de avanzar en temas de inclusión financiera; sino también, en generar más confianza para el uso de los medios digitales para hacer transacciones. Al respecto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), junto con Ipsos, publicaron la encuesta nacional de capacidades financieras 2019, sobre el uso de canales digitales. El sondeo revela que los medios virtuales (banca por Internet, aplicaciones, entre otras alternativas) son muy poco utilizados. El 79,6% de las personas mayores de 18 años dijo que nunca había utilizado plataformas digitales para hacer transferencias bancarias, mientras un 77,3% no utiliza Internet para hacer pagos de sus servicios.
Actualidad Laboral / Con información de El Comercio
