El presidente de Brasil Michel Temer presentó rápidamente a los legisladores su defensa legal contra las acusaciones de corrupción que enfrenta, un movimiento percibido como un intento de evitar ser suspendido del cargo e ir a juicio ante el Supremo Tribunal Federal.

El abogado de Temer interpuso su defensa el miércoles, el segundo día de procedimientos en una comisión de la Cámara de Diputados que examina el asunto, y ocho días antes de la fecha límite.

Los aliados del mandatario quieren una pronta votación sobre el tema con la esperanza de poner fin a la incertidumbre política este mismo mes.

Sin embargo, sus detractores están a favor de un proceso más prolongado, con tiempo suficiente para que surja más información dañina que les dé mayores posibilidades de sumar votos en contra del impopular presidente.

El fiscal general de Brasil acusa a Temer de aceptar sobornos por parte de empresarios a cambio de favores políticos. El mandatario, quien también es investigado por posible obstrucción de la justicia y asociación delictuosa, ha refutado las acusaciones en su contra.

Sin importar la decisión de la comisión sobre el cargo de corrupción, el pleno de la cámara votará para decidir el destino de Temer. Se requiere la aprobación de dos terceras partes para suspender al mandatario.

La defensa de 98 páginas que entregó el abogado Antonio Mariz de Oliveira a la comisión argumenta que la acusación contra Temer se basa en “supuestos” y “ficción”.

La defensa de Temer también quiere que los legisladores desechen una grabación del mandatario durante una reunión secreta con un ejecutivo de la empacadora de carne JBS, que dio pie a la acusación.

Oliveira no descartó la posibilidad de que Temer comparezca ante el Congreso para defenderse a sí mismo.

El mandatario de Brasil no es el único político que enfrenta cargos de corrupción. Una extensa investigación de sobornos y financiamientos ilegales de campaña ha implicado a decenas de miembros de la élite política.

Sin embargo, el miércoles, una corte federal de Sao Paulo desechó una investigación por financiamiento ilegal de campaña en contra del exmandatario Fernando Henrique Cardoso. Las acusaciones datan de campañas en la década de 1990, y el juez falló que el delito había prescrito, de acuerdo con la oficina de prensa del tribunal.

Actualidad Laboral / Con información de AP