Una ley promulgada hace 80 años impide a los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York ejercer su derecho se sindicalizarse y organizarse, lo que ha contribuido a la explotación más atroz y la violación de los derechos civiles y laborales, dicen los defensores. Actualmente, la mayoría de los trabajadores que cultivan los campos y viñedos, ordeñan vacas y trillan el trigo en las granjas neoyorquinas son inmigrantes hispanos, y un gran porcentaje de ellos son indígenas.

Aproximadamente 60,000 de los 100,000 trabajadores agrícolas del estado son inmigrantes. En Estados Unidos, el 48% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes indocumentados.

“Trabajamos los siete días, hasta 72 horas a la semana. No tenemos derecho a descanso, pago de horas extra, días de enfermedad, no tenemos derecho a nada”, dijo en una entrevista telefónica Anabel Méndez, una indígena mixteca del estado mexicano de Guerrero, quien ha trabajado por 13 años en la siembra de flores y vegetales, en una granja de Riverhead, Long Island. “Muchos de nosotros aprendimos español aquí, no sabíamos que teníamos derechos, pero ahora si que sabemos y estamos dispuestos a luchar por ellos”.

La ley federal que excluyó a los trabajadores agrícolas de las protecciones laborales más fundamentales, conocida como la Ley Nacional de Relaciones Laborales, fue promulgada en 1935. La legislación es parte de las leyes de Jim Crow, un conjunto de normas estatales y federales promulgadas entre 1876 y 1965, que propugnaban la segregación racial en Estados Unidos.

La frase “Ley de Jim Crow” tiene su origen en un personaje caricaturesco interpretado por un hombre blanco con el rostro pintado de negro, una sátira racista de 1932.

“El Congreso excluyó de las protecciones laborales más fundamentales a los trabajadores agrícolas y empleadas domésticas de la época, porque la mayoría de ellos eran afroamericanos. Ahora, la mayoría de los trabajadores son inmigrantes hispanos que continúan siendo segregados y explotados”, dijo el reverendo Juan Carlos Ruiz, un defensor y organizador de los trabajadores del campo de Long Island.

Contra una ley claramente racista

Los trabajadores agrícolas de la época fueron eximidos por el Congreso para apaciguar a los políticos de los estados del sur, cuyos electores, dueños de fincas y granjas, dependían de la fuerza laboral de los afroamericanos. Esas exenciones siguen siendo leyes federales, además, la ley estatal de Nueva York fue modelada según la ley federal y promulgada en 1937.

“¿Nueva York es un estado santuario o no? ¿Por qué una ley claramente racista continúa vigente?”, cuestionó el reverendo Ruiz, que es parte del Centro Alianza, Solidaridad y Acompañamiento (CASA), un grupo que está bajo la sombrilla de la organización Rural Migrant Ministry.

En mayo de 2017, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) interpuso una demanda en la Corte Suprema del estado, en Albany, argumentando que la ley viola la Constitución de Nueva York, la cual otorga a los trabajadores el derecho a sindicato y organización. La querella, presentada en nombre de Crispín Hernández, un trabajador agrícola del norte del estado, fue desestimada esta semana por un juez bajo la consigna de que tales cambios a la ley laboral estatal deberían emanar de la Legislatura.

Y precisamente por eso este miércoles los trabajadores agrícolas se presentaron en la Legislatura, en Albany, para testificar acerca de las condiciones de explotación y “esclavitud moderna” en las granjas y viñedos del estado.

“Somos madres que necesitamos el pago justo por nuestro trabajo, días de descanso para estar con nuestras familias y un lugar de trabajo libre de acoso sexual. Más mujeres están llegando a las granjas y viñedos, y estamos enfrentado un verdadero infierno”, dijo en una entrevista telefónica Yadira Vásquez, quien trabaja por cuatro años en la siembra de árboles en Long Island. “Los legisladores tienen que ver esta realidad, no pueden seguir ignorando la violación de nuestros derechos”.

Actualidad Laboral / Ver completo en El Diario NY