Por lo menos 5 trabajadores de diferentes organismos gubernamentales han sido despedidos por negarse a firmar la carta contra el decreto elaborado por el Presidente Barack Obama, que sanciona a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo confirmó el coordinador de Investigaciones del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Inti Rodríguez, quien advirtió que se trata de “una situación de alarma, de alerta, porque se están reviviendo episodios de discriminación política en instituciones del Estado”.

Esto habría ocurrido en el viceministerio de la Suprema Felicidad, mientras que en otros organismos se estarían registrando hostigamiento, como es el caso de Pdval, Bolivariana de Puertos, empresas básicas, ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Según la información que maneja también la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), Marcela Máspero.

“Denuncias de trabajadores que han sido acosados y hostigados, toda vez que se han negado a firmar en estos operativos y que se han negado, incluso, a participar en los ejercicios militares que el propio Gobierno Nacional ha promovido”, explicó Rodríguez. Máspero agregó que son amenazas que se realizan de forma verbal, por parte de los supervisores, “con despedirlos, de conocer dónde están sus familias, de desmejorarlos, de eliminarles algunos derechos como el cestaticket (bono de alimentación)”.

Provea anunció que acompañará a los afectados a ejercer las acciones correspondientes ante los organismos jurisdiccionales, como el Ministerio del Trabajo o los Tribunales Contencioso Administrativos, según sea el caso. También puso a la disposición de los trabajadores el correo electrónico [email protected] para que realicen las denuncias “y nosotros brindaremos la orientación y el apoyo necesario, no solamente en la visibilización, sino en acciones ante los órganos de justicia”.

El defensor de derechos humanos recordó que en el año 2013, se registró una situación similar de discriminación por razones políticas contra los trabajadores que expresaban su opinión sobre las protestas que se realizaron en el país, luego de las elecciones presidenciales. Y que fue documentado por esa organización no gubernamental.

Las denuncias hasta ahora, se han realizado bajo anonimato. “Los trabajadores han mostrado temor, han preferido mantenerse en el anonimato”. Según explicó Rodríguez, pueden continuar de esta manera, para preservar su seguridad.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas