Unos mil trabajadores metalúrgicos manifestaron este martes en Roma contra el plan de recortar 4.700 empleos de la llamada planta Ilva, comprada hace un año por la multinacional ArcelorMittal, un proyecto que alarmó al sector industrial de Italia. "No más palabras, llegó el momento de actuar", dijo Maurizio Landini, líder del mayor sindicato del país, Cgil, tras invitar a las directivas de la mayor compañía siderúrgica del mundo a volver a la mesa de negociaciones. "Que se regrese a negociar sobre la base del acuerdo firmado con los sindicatos en 2018", pidió.
"Respeto por la ciudad de Tarento", rezaba una de las pancartas que cargaba un grupo de trabajadores que viajó toda la noche desde la sureña Pullas, sede de la planta, para asistir a la movilización. A la manifestación se unieron también trabajadores de la fábrica Whirlpool y Alitalia, empresas que atraviesan graves crisis.
Según el líder sindical, actualmente hay 160 negociaciones abiertas en el ministerio de Desarrollo Económico por crisis en industrias tales como los electrodomésticos, la siderurgia, la producción de automóviles, la electrónica y la informática.
El gobierno italiano sostiene que ArcelorMittal propuso un nuevo plan industrial con el recorte de empleos, un plan considerado inaceptable. Para salir de la grave crisis, el Estado italiano evalúa ser socio de la siderúrgica a través de la participación de empresas públicas o semipúblicas, como el grupo del sector gas Snam. El objetivo sería limitar el número de recortes a entre 1.800 y 2.000 empleos y ofrecer incentivos fiscales para las empresas que contraten ex empleados de Ilva.
Alianza entre público y privado
La posible entrada del Estado es aprobada por los representantes sindicales, que consideran "estratégico" el sector siderúrgico. Landini recordó que ha habido "intervenciones estatales en otros países, entre ellos Francia y Alemania e incluso en Estados Unidos, cuando se ha tratado de salvar el sector del automóvil", dijo. El sindicalista reconoció que el Estado no puede reemplazar "a los inversionistas privados" y reiteró que es necesario, llegar a una alianza entre varios sectores para impedir lo que llamó la "desindustralización" de Italia. A la poderosa familia india Mittal la instó a "dejar de jugar con las finanzas e invertir realmente en Italia".
Por su parte Annamaria Furlan, del sindicato católico Cisl, abogó por "planes de inversión bien planificados que ofrezcan perspectivas para el futuro y sin recortes de empleos", como ocurrió con Ilva y Alitalia.
Para Paolo Fittipaldi, quien trabaja para la planta Ilva, la situación es grave y está convencido de que el gobierno y el primer ministro italiano Giuseppe Conte "se limitan solo a charlar", comentó. "Una fábrica como esta no se puede arreglar en dos días: se necesitan años de programación, lo que nunca se ha hecho", lamentó.
La multinacional llegó a un acuerdo en 2018 para comprar Ilva, cuya sede de Tarento emplea a 10.700 empleados, de los cuales 8.200 sólo en la ciudad sureña. La compra de la planta, que gestiona en régimen de alquiler, se debía materializar en 2021. La retirada de la inmunidad ambiental, para acometer su plan industrial, fue la justificación que dio para rechazar su compra. Pero detrás puede haber otros argumentos, como la situación de crisis que vive el mercado, distinta a la de hace un año, o que la compañía no midió exactamente las implicaciones de la adquisición, tanto desde el punto de vista económico como social.
Actualidad Laboral / Con información de France 24
