Tres agentes migratorios se presentaron el mes pasado en Poindexter Nut Co., una planta donde se procesan nueces de trescientos productores en el valle central de California y exigieron ver los registros de nómina para verificar que todos sus empleados tuvieran autorización para trabajar en Estados Unidos.

Para cumplir con la ley federal, Mike Poindexter comenzó a reunir documentos con el fin de entregarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Para acatar una nueva ley estatal, publicó un aviso arriba del reloj de la planta para informar a los trabajadores que el ICE haría una auditoría de su registro de empleados, un proceso que podría tomar meses.

De inmediato, los trabajadores comenzaron a renunciar y Poindexter firmó sus últimos cheques de nómina.

“Soy un peón atrapado entre los gobiernos federal y estatal, como un niño en medio de dos padres que discuten”, dijo Poindexter, el director ejecutivo de la empresa. “Cada uno amenaza con castigarme si no obedezco”.



El gobierno de Trump está en contienda con el estado líder de los estados liberales del país, por lo que entabló una demanda contra California esta semana mediante la que busca anular tres leyes estatales que protegen a los inmigrantes sin papeles. El 7 de marzo, ambos bandos hicieron declaraciones incendiarias; el fiscal general, Jeff Sessions, denunció a los “radicales de fronteras abiertas” del estado, y el gobernador Jerry Brown dijo que el gobierno estaba “lleno de mentirosos”.

La disputa ha motivado a los partidarios de ambos bandos y ha dejado en medio a personas como Poindexter —que se ven afectadas directamente por las leyes—.

Varios lugares de trabajo donde se han presentado agentes del ICE han perdido trabajadores, o clientes, desde que comenzó a ir tras los negocios a finales de enero, y antes de que las auditorías siquiera se terminaran. El sector agricultor, un gran motor económico del estado, se ha visto especialmente afectado.

Las granjas de California dependen mucho de los inmigrantes para que realicen trabajos físicamente demandantes y a menudo con bajos salarios; no es un secreto que muchos de esos inmigrantes están en el país de manera ilegal.



Los empleadores argumentan que no tienen manera de saber si un trabajador proporciona un número falso de seguridad social en sus formatos I-9, el documento federal en el que los empleados dan fe de ser ciudadanos o contar con documentos. Los simpatizantes de medidas migratorias más severas dicen que los empleadores solo están haciéndose de la vista gorda.

Una manera común del gobierno para acabar con la mano de obra ilegal es auditar los registros I-9 de las empresas. Según la ley federal, el ICE les envía una carta a las empresas antes de comenzar una auditoría y, de acuerdo con la nueva ley estatal, las empresas deben informárselo a sus empleados.

Cuando Bee Sweet Citrus, un gran productor y distribuidor de naranjas, limones y toronjas de Fowler, en la zona central de California, pegó en la pared un aviso acerca de los planes de inspección del ICE, la empresa perdió a algunos empacadores, clasificadores y administradores, dijo una empleada.

“Renuncié por miedo”, dijo Ana, una trabajadora que pidió que se omitiera su apellido debido a que no cuenta con papeles. Dijo que esperó hasta el 16 de febrero, cerca de la fecha límite para que la empresa presentara el papeleo al ICE con el fin de reunir el dinero suficiente para pagar la renta de otro mes. (La empresa dijo que estaba cumpliendo con las leyes estatales y federales respecto de la auditoría del ICE, pero rechazó hacer más comentarios).

En la encrucijada también se encuentran las fuerzas policiales que, de acuerdo con otra ley estatal nueva, tienen prohibido cooperar con el ICE a menos que la agencia federal tenga una orden o el caso involucre un delito grave.

Incluso antes de la ley, muchos de los organismos más grandes del estado, como los departamentos de policía de Los Ángeles y San Francisco, limitaban su colaboración con el ICE. Sin embargo, las agencias en zonas más conservadoras han tenido que cambiar sus prácticas.

El gobierno de Trump argumenta que las leyes estatales protegen de las fuerzas de seguridad federales a criminales peligrosos a costa de la seguridad pública. El 7 de marzo, durante el discurso con el que anunció la demanda, Sessions citó el caso de un inmigrante indocumentado de 34 años arrestado en el condado de Ventura bajo cargos de haber abusado sexualmente de una menor. El hombre, José Vaca, salió de la cárcel y desapareció, según declaró la oficina del alguacil del condado de Ventura a los medios locales, debido a que la nueva ley estatal prohíbe a las cárceles entregar a los reclusos al ICE sin que antes se hayan presentado ante un juez. Vaca pagó la fianza y fue liberado antes de su primera presentación ante el tribunal, comentó la oficina del alguacil.

Los líderes demócratas del estado han argumentado que su nueva ley en torno a la cooperación policial con el ICE mantiene seguras a las comunidades al resguardar la confianza entre la policía y los residentes inmigrantes. Después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo, los departamentos de policía en Los Ángeles y otras ciudades señalaron que los reportes de violencia doméstica de la comunidad latina habían disminuido, lo cual temían que se hubiera debido a que las víctimas que viven en el país sin documentos tuvieron miedo de alzar la voz.



La ley sobre a la cooperación de los empleadores ayuda a que los trabajadores inmigrantes conozcan sus derechos y busquen ayuda legal si es necesario, dicen sus simpatizantes. “El objetivo principal de la ley es proteger la privacidad de los californianos en el lugar de trabajo”, dijo Sarah Lovenheim, una vocera de Xavier Becerra, el fiscal general del estado —un demócrata—. Añadió que no podía divulgar si la oficina había recibido quejas acerca de empresas que violaran la ley.

Poindexter, el dueño de la procesadora de nueces, dijo que se consideraba afortunado de que la auditoría llegara después de la cosecha. Sin embargo, su planta opera todo el año, y anhela que el ICE termine su trabajo para poder remplazar a los trabajadores perdidos antes de la cosecha de otoño. “No tiene caso contratar gente con esta sombra que nos cubre”, agregó.

Algunos propietarios de negocios incluso se preguntan si los intentos de California para proteger a los inmigrantes no autorizados no están teniendo el efecto opuesto.

“No creo que el estado esté ayudando a los empleadores ni a los trabajadores; están empeorando la situación”, dijo Karen Musson, propietaria de Gar Tootelian, una tienda minorista de fertilizantes que vende a 1500 productores en el condado de Fresno. “Estamos atrayendo a los agentes del ICE porque California impuso sus propios límites”.

Actualidad Laboral / Con información de The New York Times