La nueva ley laboral de California que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 augura una encarnecida batalla en las urnas encabezada por el sector de la tecnología. Y es que la AB 5 promete sacudir el modelo de negocios de economía compartida bajo el que operan muchas empresas en Silicon Valley basadas en aplicaciones para teléfonos móviles.
Para aminorar los efectos de esta legislación, las empresas líderes del servicio de viajes compartidos, Uber y Lyft, así como la compañía de entrega de alimentos a domicilio, DoorDash, crearon un fondo de $90,000,000 que amenazaron con gastar como parte de sus esfuerzos por mantener a sus conductores bajo el estatus de contratistas independientes. El ultimátum de estos tres titanes de Silicon Valley podría representar la primera vez que los gigantes de la tecnología en California se enfrascan en una batalla electoral contra los sindicatos y los legisladores estatales para intentar salirse con la suya.
La inyección millonaria de recursos se destinaría a campañas para colocar su propia iniciativa de ley en la boleta electoral de 2020, luego de que el gobernador Gavin Newsom le dio el visto bueno a la ley que dificulta que Uber, Lyft, DoorDash y otras empresas puedan clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes y no como empleados, situación que les otorgaría protecciones salariales y otros beneficios.
"Orgullosamente hemos estado impulsando un nuevo marco laboral que, por primera vez, otorgue a los trabajadores independientes garantías salariales, acceso a beneficios y el derecho a organizarse (...) Creemos que California perdió una oportunidad real de convertirse en el líder en el país en mejorar la calidad, seguridad y dignidad del trabajo independiente", dijo Uber a través de un comunicado en respuesta a la firma de la ley AB 5.
"De ser necesario, estamos preparados para llevar este asunto ante los electores para poder preservar la libertad y el acceso a conductores que los pasajeros buscan", señaló Adrian Durbin, vocero de Lyft.
Uber, Lyft y DoorDash coinciden en que reclasificar como empleados a quienes pasan horas y horas ganándose la vida al volante representaría un cambio demasiado drástico a su modelo de negocio, el cual está basado en la flexibilidad de los conductores.
Las compañías de viajes compartidos han expresado públicamente su intención de crear un marco laboral que incluye un sueldo mínimo base para los conductores de $21 por hora, además de aportar dinero a un fondo para financiar ciertos beneficios para sus trabajadores y abrir la posibilidad de renegociar salarios en cada ciudad. DoorDash, por su parte, apoya la idea del salario mínimo estandarizado al igual que seguro de accidentes laborales, además de incluir protecciones para sus choferes contra la discriminación racial y de género, así como contra el acoso sexual.
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