Este año, “muy pronto”, según el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Osvaldo Vera, esperan aprobar la Ley para el Empleo Juvenil y el Emprendimiento Productivo, a través de los poderes habilitantes que tiene el Presidente Nicolás Maduro. Para su elaboración, el parlamento entregó al Ejecutivo lo que “habían adelantado”, sobre ese instrumento.

Mientras las autoridades informan sobre consultas en las universidades, con los estudiantes; jóvenes de Primero Justicia esperan ser convocados a discutir el texto, y este jueves tienen previsto llevar la solicitud formal al Ministerio de la Juventud. Los primeros trabajan sobre el proyecto de Ley para el Empleo Juvenil y el Emprendimiento Productivo y los segundos, sobre el proyecto de Ley de Primer Empleo, entregado a la Asamblea Nacional en 2011, por esa organización política.

Ambos coinciden en promover empleos estables para los jóvenes sin experiencia, con los beneficios contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt). También comparten que se debe respetar el tiempo del estudiante, para cumplir con ambas obligaciones (estudio y trabajo).

Según explicó el Diputado Vera, se plantea la obligación a las empresas públicas y privadas de incorporar un porcentaje, aún por definir, de estos trabajadores en la nómina. “Es para aquellos que se están graduando (…) cuando los quieren contratar, no les dan el cargo que deberían ostentar porque no tienen experiencia y los contratan por debajo de los niveles profesionales que se tiene”. También se plantea que el instrumento legal atienda a los que no están estudiando, pero necesitan trabajar “estamos hablando de alrededor de un millón de venezolanos que pueden incorporarse al campo laboral”, dijo el parlamentario.

Pero el representante de Primero Justicia y Concejal Metropolitano, Edinson Ferrer, advirtió que en el texto presentado por esa organización política se inclinan por una opción voluntaria, con incentivos fiscales. “Una convivencia ganar-ganar (…) que las empresas públicas y privadas, así como cualquier microempresario, tengan la necesidad de buscar estos jóvenes. Estamos hablando de reducción de impuestos, dependiendo del incremento en sus nóminas”. Estiman que podría ser entre 2,5% y 5% del total de trabajadores de la empresa.

La realidad es que la tasa de desocupación en la población entre 15 y 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística, se ubicó en 16,2%, en el mes de abril. Y para el grupo de edades entre 24 y 44 años, fue 6,2%. Los proyectos de Ley estarían dirigidos a personas menores de 30 años, para unos a partir de los 16 años y para otros, desde los 18 años.

Oficina de empleo juvenil

No está claro el nombre que tendrían ni el organismo que lo maneje, pero en la idea los dirigentes de la tolda aurinegra, es que exista una instancia donde los jóvenes tengan claro pueden llevar su solicitud y sus documentos. Estaría dirigida por el gobierno, pero con participación de las universidades, autoridades estudiantiles, consejos comunales o asociaciones de vecinos y el sector privado.

“El sector privado dirá ‘yo necesito 10 ingenieros y 14 arquitectos’, el organismo público dirá ‘estoy haciendo un plan de asesorías jurídicas gratuitas y necesito 20 abogados’, comienza toda una mesa de conversaciones”, ejemplificó Ferrer. E insistió que hacerlo una obligación tendrá efectos negativos “Eso lo que hará es el retraso de las empresas de contratar gente, hasta que haya tantas quejas ante el Ministerio del Trabajo, porque la empresa no contrata, se crea un caos”. A su juicio, se estaría generando desconfianza y temor en el empleador, ante la posible sanción, por incumplimiento de la ley “en su proyecto hablan de cerrar empresas”.

Involucrar a las universidades

La incorporación de las casas de estudio superiores, según la propuesta del Concejal Metropolitano, sería también abrir espacios para la formación en oficios, durante los fines de semana. “Por ejemplo, profesores de Ingeniería Mecánica Automotriz, dan un curso de 28 o 36 horas, y eso le sirve para abrir un taller o ir a un sitio (…) ya cuentan con algo (un certificado)”.

Y así se atendería a la población que tiene conocimientos en una actividad, pero que no está cursando estudios universitarios, y requiere incorporarse al campo laboral. En este aspecto, con sus matices, también comparte la propuesta que estudia el Ejecutivo.

El proyecto de instrumento legal será aprobado por la Ley Habilitante, y serán las autoridades del gobierno las que informen sobre los detalles oficiales del texto.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas

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