Algunos partidos han puesto de moda los países nórdicos como espejo económico y social en el que mirarnos. Así, asumen en sus propuestas para una España mejor algunas de las iniciativas que han dado fruto en aquellas naciones, como si las mentalidades y las circunstancias fueran extrapolables. Con todo, es interesante fijarse en una iniciativa del Gobierno de centroderecha finlandés. Nada menos que la implantación de una renta básica universal, que tiene como objetivo "encontrar vías para rediseñar el sistema de Seguridad Social y dar respuesta a los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo", según el propio Ejecutivo. De centroderecha, repito. El fin del experimento es proporcionar más incentivos para trabajar, porque la tasa de paro está ya en el 11% y, a la vez, reducir el inmenso gasto que soporta el Estado del Bienestar.

La propuesta inicial es dar a cada finlandés -desde que nace hasta que muere- una paga de 800 euros mensuales libres de impuestos... a cambio de que con ese dinero él mismo se costee buena parte de los beneficios sociales que ahora provee el Estado. Es decir, a cambio de esa renta básica, el Gobierno dejaría de pagar todo o parte de la sanidad, la educación, el seguro de desempleo o las pensiones. Así, una familia de cuatro miembros recibiría 3.200 euros al mes -38.400 euros al año- pero con ellos tendría pagar la enseñanza, el seguro médico o ahorrar para la pensión.

La renta universal así pensada -no la que propone Podemos- es el impuesto negativo sobre la renta que Milton Friedman intentó recuperar en los años 60. Tenía el objetivo de asegurar los servicios esenciales a los ciudadanos y, a la vez, reducir burocracia y gasto público. Se demostró que el modelo no funciona cuando el nivel medio de renta de un país y el umbral de pobreza están próximos porque desincentiva la búsqueda de empleo. Pero éste no es el caso finlandés, ya que allí el ingreso medio es de unos 3.000 euros mensuales.

El proyecto está en una fase muy preliminar y el Gobierno pisa con pies de plomo en cada paso. Uno de ellos ha sido una macroencuesta sobre la propuesta, realizada el pasado mes de noviembre, en la que 69% de los fineses se mostraron a favor de la iniciativa.

El Gobierno centrista finlandés, presidido por el empresario y millonario Juha Sipilä, piensa que esta iniciativa debe contentar a los socialdemócratas, porque asegurará los servicios sociales a los ciudadanos, y a los liberales, porque permitirá reducir considerablemente el aparato del Estado. Puestos a subvencionar, es mucho más 'liberal' distribuir el dinero destinado a servicios sociales y que cada ciudadano se los costee como quiera, que obligarle a acudir al Estado como único proveedor de los mismos. Y, probablemente, sería mucho más eficiente: ¿gastaríamos lo mismo en medicinas si tuviéramos que pagarlas íntegramente de nuestro bolsillo, aunque el Estado nos dé directamente ese dinero?

"Es mucho más 'liberal' distribuir el dinero destinado a servicios sociales y que cada ciudadano se los costee como quiera"

Claro que el experimento tiene un problema. Finlandia tiene 5,4 millones de habitantes y pagar esos 800 euros al mes a cada uno de ellos supondría unos 52.000 millones de euros al año. Demasiado, si tenemos en cuenta que el Estado prevé recaudar unos 49.000 millones en 2016 a través de los impuestos. Pero el Gobierno confía en que una mayor actividad incremente los ingresos y la menor burocracia reduzca el gasto. Sipilä sigue adelante con su proyecto y lo quiere poner en marcha en 2017. Se convertiría en el primer país del mundo que lo lleva a la práctica. A lo mejor da con la tecla para reformar el Estado de Bienestar, aunque sea imposible trasladar el experimento a España.

Actualidad Laboral / Con información de El Mundo