La última amenaza de Donald Trump al Gobierno venezolano vuelve a reactivar los temores y especulaciones sobre qué ocurrirá con Venezuela si, tal como señala la advertencia del mandatario estadounidense, "Estados Unidos tomará medidas económicas rápidas y claras si el régimen de Maduro impone el 30 de julio su Asamblea Constituyente".

Se cree que el embargo a las importaciones de petróleo venezolano será la medida que finalmente adoptará Trump, lo que para el Gobierno venezolano sería lo más dañino. "El espectro de posibles sanciones es muy amplio y puede ir desde castigos a empresa venezolanas, al embargo petrolero. Es decir, si Estados Unidos deja de comprar crudo al país, sería una estocada final para el Gobierno de Maduro porque la compra de petróleo por parte de Estados Unidos representa el 75 por ciento de los ingresos en dólares que tiene Venezuela", señala a DW Asdrúbal Oliveros, economista de Ecoanalítica.

En términos prácticos, "de concretarse esta medida por parte de Trump afectará directamente la población en un mayor incremento del desabastecimiento de bienes básicos y en un aumento del mercado negro, lo que claramente golpearía aún más a los venezolanos. Es cierto que Venezuela puede buscar nuevos compradores a su petróleo, pero para que esa transacción se concrete deben pasar de cuatro a seis meses, y el país no está en condiciones de aguantar tanto tiempo sin recibir los ingresos que se reportan desde Estados Unidos", agrega Oliveros desde Caracas.

Un problema regional

Las primeras imágenes de venezolanos cruzando la frontera con Colombia para abastecerse de comida y de elementos básicos fueron la prueba gráfica de una crisis que el Ejecutivo venezolano se niega a aceptar, y por lo mismo, no enfrenta hasta el día de hoy.

La débil economía del país tiene sus efectos más dolorosos en los ciudadanos, miles de los cuales han escapado sin nada en los bolsillos. Esa gente ha llegado primero a Colombia y Brasil, donde se estima que más de 12 mil venezolanos han ingresado a su territorio. Estos países fronterizos están absorbiendo un problema humanitario que también está afectando a otras naciones como Perú, Argentina y Uruguay donde están llegando los migrantes venezolanos para solicitar la residencia que se otorga a los miembros del Mercosur, un documento que resulta más barato y rápido de obtener.

Los países de la región "tienen que lidiar con una situación que es responsabilidad del Gobierno de Venezuela, que es el que genera las condiciones que obliga a la gente a huir. Por lo mismo es importante que presionen a la administración venezolana para que solucione este problema interno”, dice a DW Tamara Taraciuk, investigadora senior de Human Rights Watch a cargo de Venezuela.

Localidades como Roraima, en Brasil, se han visto afectadas por una crisis humanitaria que ya se instaló en sus comunidades. No es raro ver a los venezolanos migrantes viviendo en las calles o internados en el hospital local debido al mal estado en que llegan, pidiendo atención médica que en Venezuela no encuentran. Taraciuk explica que "Roraima tiene su sistema de salud público sobre exigido, gente que desde el sur de Venezuela cruza para recibir servicios médicos de emergencia, se suma a pacientes de tratamientos largos como quienes tienen VIH”.

Según el informe de Human Rights Watch, los venezolanos que buscan asilo en Brasil llegan con la esperanza de regresar a su país, pero cuando la situación interna mejore. Es por esto que se presentan en calidad de refugiados para que les otorguen el permiso de residencia. En el tiempo que demora en resolverse ese asunto que, según el Gobierno brasileño, tiene una demora de dos años por la saturación del sistema de inmigración, los venezolanos cuentan con permiso para trabajar, sus hijos pueden ir al colegio y tienen atención médica.

"La situación en Colombia es similar a la de Brasil, el patrón es el mismo en cuanto a las razones y al argumento de la inmigración venezolana. Venezolanos indígenas y provenientes de las más diversas ciudades dejan su país ya sea por razones médicas o políticas, colapsando también el sistema de solicitud de asilo. Debido a estos problemas que se expanden en la región, es que resulta importante que las posibles sanciones económicas que lleguen a tomarse a modo de presión contra el Gobierno de Maduro no sean indiscriminadas, por lo que pueden provocar a la población en general. Lo rescatable de estas amenazas económicas es que denotan un aumento de la presión internacional para que Maduro dé marcha atrás a todas sus políticas porque el problema también incluye la liberación de todos los presos políticos, la solución de la crisis humanitaria, el término de la represión en las calles y el restablecimiento de una clara división de los poderes del Estado”, concluye la representante de Human Rights Watch.

Actualidad Laboral / Con información de DW