“Ahora te asaltan es con el personal”, dijo el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, a propósito del nuevo Régimen Legal Transitorio elaborado por el Gobierno venezolano que ordena a las empresas a prestar trabajadores a otras, para recuperar la producción agroalimentaria del país. El dirigente empresarial considera que “son decretos-imposiciones, con un alto contenido de autoritarismo y que, por supuesto, con un alto contenido discrecional”.

Esto, porque trabajadores y empresarios estarían obligados a cumplir con lo ordenado en la Resolución del Ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, aunque vaya contra los intereses de ambos. “Es el mismo Gobierno que te está obligando ¿a dónde reclaman los empleados y obreros que no quieran ir? ¿qué pasa si el personal calificado exigido por el Gobierno no quiere ir? ¿Lo vas a obligar?”, expresó Martínez.

El máximo representante del sector privado de Venezuela exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro a vender las empresas improductivas, una propuesta que se ha presentado en otras oportunidades, incluso desde la Asamblea Nacional, a través de la Ley de Producción Nacional, con respecto a las expropiadas. O, en todo caso, a alcanzar acuerdos.

“Lo ideal es que si el Gobierno nacional no tiene la capacidad para poder sostener las operaciones, lo mejor es que entregue esos activos, que los venda, que busque cualquier otro tipo de medidas, que sea mucho más amigable con el sector privado, algún tipo de sistema de administración delegada”, dijo. Pero lo importante, resaltó, es que las decisiones sean consultadas con los sectores involucrados “no matar la eficiencia de los negocios que están operativos, en beneficios de otros que no están operativos del sector público”.

Además llamó la atención de que en el texto no se establecen garantías de seguridad y medio ambiente de trabajo, así como la responsabilidad del Estado ante un eventual accidente laboral. “Te roban el personal, lo esclavizan, bajo las condiciones que el Gobierno decida, y yo (empresarios) tengo que pagar la ineficiencia, la incapacidad y la irresponsabilidad de los funcionarios públicos”, dijo. Las compañías que prestan el personal, según la resolución, deben continuar cumpliendo con los aportes a la Seguridad Social y mantener la antigüedad de los trabajadores.

Fedecámaras evalúa elevar la queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como se recordará ante esa instancia está en trámites una solicitud de activación de comisión de encuesta contra Venezuela, presentado por esta representación empresarial.

Actualidad Laboral / Adriana Salazar Salas
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